La juez impone prisión eludible con fianza de 100 millones a un asesor de Gescartera

La juez Teresa Palacios ordenó ayer la prisión eludible mediante fianza de 100 millones de pesetas para Julio Rodríguez Gil, administrador único de Hari 2000, que emitió tres cheques sin fondos por por un total de 3.980 millones de pesetas que permitieron a Gescartera salvarse de la intervención cuando estaba siendo inspeccionada por la CNMV. Rodríguez Gil ingresó ayer en la prisión madrileña de Soto del Real, a pesar de haber alegado que padece una isquemia coronaria grave. La juez le dijo que si era así, ¿por qué fumaba? Respondió que estaba nervioso.

Lo que en su día no pudo descubrir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) afloró ayer en la Audiencia Nacional, donde Julio Rodríguez Gil, ex asesor fiscal de Gescartera, incurrió en numerosas contradicciones y no pudo explicar algunos de sus comportamientos.

La juez le explicó que se le imputa una presunta participación en la salida de dinero de Gescartera a través de la aplicación de minusvalías, bien por testaferros buscados por él o por terceras personas, y también por su cooperación, puesto de acuerdo con el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, en el engaño a la CNMV con los tres cheques por importe de 3.980 millones de pesetas, así como por delito de falsedad documental.

Rodríguez Gil negó que hubiera buscado testaferros para Gescartera, y afirmó que no aplicó minusvalías a nadie porque no tenía capacidad para operar. Pero la juez le exhibió una carta con membrete de la Agrupación de Clientes de Julio Rodríguez Gil y supuestamente firmada por él, que fue intervenida en el registro de Gescartera, en la que proporcionaba a Camacho un listado de clientes a los que se podía imputar minusvalías. Pillado en falta, alegó que era la primera vez que veía la carta, aunque en una ocasión firmó un papel en blanco que posteriormente pudo rellenar Camacho. Añadió que no sabe por qué hay una agrupación de clientes a su nombre.

El declarante tampoco pudo explicar por qué una carta que reconoce como elaborada por su empresa tiene la misma letra y la misma falta de ortografía que la que no reconoce como propia.

Pacto de caballeros

Rodríguez Gil explicó, como ya hizo ante el Congreso, que Camacho pretendía constituir una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en Luxemburgo, y que por eso le proporcionó tres cheques por importe total de 3.980 millones de pesetas. Y añadió que, como garantía, Camacho le pidió otros tres cheques suyos por el mismo importe. Cuando, pasado el tiempo, Camacho le dijo que ya no se constituiría la SICAV, ambos llegaron a un pacto de caballeros para romper los cheques.

Los cheques de Hari 2000 fueron utilizados para obtener un certificado de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) que salvó a Gescartera de la intervención de la sociedad, ya que la CNMV la estaba inspeccionando y había descubierto un desfase patrimonial de alrededor de 4.000 millones de pesetas. Ninguno de los cheques, ni los de Camacho ni los de Rodríguez Gil, tenía fondos, y ni Camacho ni Rodríguez Gil los destruyeron como habían pactado, a pesar de que ambos pensaron que el otro sí lo había hecho. Los de Camacho han aparecido ahora en el registro de la sede de Hari 2000.

Rodríguez Gil ha declarado que tanto él como Camacho extendieron el mismo día los cheques, pero no pudo explicar por qué están fechados el 20 y 29 de octubre y el 4 de noviembre de 1999 y por qué la numeración de los talones de La Caixa no es correlativa. En concreto son: 0587.490.1, 0587.508.5 y 0587.527.3.

SICAV ya disuelta

El ex asesor fiscal de Gescartera insistió en que los talones eran para la SICAV, pero ésta se constituyó en marzo de 1999 en el Hong Kong and Shangai Banking Corporation, de Luxemburgo, y el mismo banco la disolvió en septiembre de 1999 , un mes antes de la fecha del primer talón de Camacho, por falta de fondos. Y los cheques de Rodríguez Gil son de noviembre de ese año, cuando la SICAV ya había sido descartada.

Según el testimonio del imputado, éste cobró dos millones y medio por las gestiones de los cheques, Aparte, cobraba casi un millón de pesetas por una iguala que tenía con Gescartera para asesoramiento fiscal en las inspecciones que le llegaran a Camacho y a personas físicas y jurídicas vinculadas con él, personal o profesionalmente.

Rodríguez Gil tampoco explicó satisfactoriamente por qué en el registro de su empresa se han intervenido numerosas fotocopias de DNI de clientes -20 o 25 fotocopias de cada DNI-, que curiosamente se corresponden con aquellos a los que se aplicaban las minusvalías. El imputado dijo que sería para temas laborales, pero tampoco pudo explicar por qué junto a una de las fotocopias aparecen en bolígrafo varias firmas parecidas a la firma que figura en el DNI.