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ECONOMÍA AGRARIA

La agricultura valenciana del siglo XXI

El autor argumenta que la renta agraria, sector que aporta un 3% del valor añadido bruto valenciano, ha disminuido ininterrumpidamente desde 1996

Vicent Garcés es Ingeniero Agrónomo, Universidad Politécnica de Valencia.

Nos referimos a un sector productivo cuya población activa en estos momentos representa alrededor del 4,5 % del total de la población activa del País Valenciano, es decir, unas 82.000 personas. Un sector que permitió la exportación de productos agroalimentarios durante el año 2000 por un valor de unos 491.000 millones de pesetas, lo que significó casi el 20 % de las exportaciones totales valencianas. Un sector que aporta alrededor del 3% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad Valenciana, y que genera una renta agraria próxima a los 260.000 millones de pesetas.

Continúa aumentando la superficie de cítricos, que suman más del 52% de las tierras de regadíos

La población agraria está en disminución y envejecida, el 30% es mayor de 50 años

Hablamos de un sector productivo estratégico para el futuro de nuestro país, con profundas raíces históricas, cultural y socialmente necesario.

La superficie total del País Valenciano es de 2.326.000 hectáreas. De éstas, 826.400 eran tierras de cultivo (460.000 de secano y 366.400 de regadío) y 1.114.400 eran terreno forestal, en el año 2000. Del total de tierras cultivadas, 192.000 eran cítricos, 153.000 otros frutales no cítricos, 98.000 olivares y 87.000 eran de viña, aproximadamente.

Durante 2000, de la cabaña ganadera mayor, 1.120.000 cabezas eran porcino, 650.000, de ovino, 83.700, bovino y 73.000, caprino.

De otra parte, la pesca marítima desembarcada en los puertos valencianos alcanzaba un volumen de 55.000 toneladas en 2000 (destacando las 25.000 de sardina) y un valor aproximado de 18.000 millones de pesetas.

El precio medio de la tierra en la Comunidad Valenciana osciló, en el año 2000, de las 560.000 pesetas / hectárea en tierras de labor de secano a las 3.852.000 de las de regadío, con un máximo representado por las tierras de cítricos que ronda los ocho millones por hectárea.

La agricultura valenciana ha evolucionado aceleradamente, desde su incorporación a la Unión Europea hace 15 años, hacia a los estándares productivos propios de las agriculturas modernas en un contexto económico estatal y europeo de un capitalismo avanzado.

En efecto, se ha producido un proceso de industrialización y terciarización de la economía valenciana, fielmente reflejada por los datos de población activa agraria y la aportación del VAB agrario, un 3%. Mientras que el industrial representa el 32% del total y el de servicios significa el 65%.

Ahora bien, ha sido un proceso que ha recogido las singularidades de la estructura productiva agraria valenciana, las ha mantenido o incluso las ha hecho crecer, tanto en lo positivo como en lo negativo, de tal manera que los cuellos de botella que dificultaban un desarrollo agrario y rural equitativo, sostenido y sostenible siguen permaneciendo como un talón de Aquiles en la perspectiva de futuro.

Así, tenemos una población activa agraria en disminución y relativamente envejecida, más de un 30% son mayores de 55 años.

Conservamos un alto grado de minifundismo y parcelación de las explotaciones agrarias. Alrededor del 50% tienen menos de una hectárea de superficie. El gran número de explotaciones con una superficie inferior a dos hectáreas sigue aumentando. El dualismo productivo está instalado en la realidad agraria valenciana. La agricultura a tiempo parcial es una solución forzada que, en ausencia de otras fórmulas, desvía más la solución de los problemas estructurales existentes.

Se ha reducido la superficie destinada al cultivo, incrementándose de manera notable las hectáreas calificadas como terreno forestal. Continúa aumentando la superficie agraria para la producción de cítricos, que ya representa más del 52% de las tierras en regadío y casi el 25% de las tierras cultivadas del País Valenciano. Ha sido notable el descenso de la superficie ocupada por la viña, que durante los últimos 15 años se ha reducido un 43%, mientras que ha aumentado un 5% el cultivo del olivo.

El déficit hídrico estructural de la Comunidad genera un incremento de costos de producción, disminuye la competitividad agraria y es factor limitante de un desarrollo eficiente y sostenible.

La tasa de cobertura del comercio exterior valenciano de productos agroalimentarios se situó el año pasado en el 260 %, mientras que en el año 1986 era del 300 %. Tenemos una agroindustria propia poco desarrollada e implantada. La comercialización y, sobre todo, la distribución de los productos agropecuarios, en fresco o transformados, dependen fundamentalmente de centros de decisión foráneos.

La tasa interanual del índice de precios percibidos por los agricultores valencianos durante todo el año 2000 ha sido negativa y inferior a la misma tasa en España. Mientras tanto, los precios pagados por mano de obra, fertilizantes, fitosanitarios, agua para riego y otros consumos han aumentado durante el mismo año. La renta agraria valenciana ha disminuido desde el año 1996 hasta el 2000, ininterrumpidamente, y se ha situado en estos momentos en niveles de hace cinco años.

La inversión pública y privada valenciana en I+D para la producción y la transformación de productos agropecuarios es débil. No alcanza ni la media europea ni la española.

En el contexto económico global de la Unión Europea, el sector agrario valenciano -igual que el español- es receptor de ayudas de todo tipo para su mantenimiento. El conjunto de la sociedad, a través de la financiación pública, garantiza de ese modo una cierta seguridad alimentaria en cuanto a la producción. Otra cosa es hablar, desde la perspectiva del consumo, de la gran inseguridad alimentaria existente, generada por la concepción estrictamente mercantil de la producción de alimentos.

La pregunta delicada que hay formular es ¿qué ocurriría en el sector agrario si disminuyeran o desaparecieran esas ayudas?

Considerando la ausencia real de modulación social y profesional en su distribución durante los últimos años y teniendo en cuenta el proceso de apertura comercial indiscriminada a que empuja la globalización neoliberal dominante, la respuesta a la pregunta formulada no puede ser más que negativa para la franja mayoritaria de pequeños y medianos productores agrarios valencianos.

Partimos afirmando que:

-La agricultura, la ganadería y la pesca requieren agricultores, ganaderos y pescadores vinculados al territorio, que fomenten la multifuncionalidad de producción y gestión del medio rural.

-Se debe garantizar el derecho a la alimentación para toda la población, respetando las identidades productivas y culturales.

-Se debe asegurar el acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los estados y el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía.

-Hay que desarrollar sistemas diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables.

-Los recursos genéticos son patrimonio de la humanidad. Deben ser prohibidas la biopiratería y las patentes sobre seres vivos. En virtud del desconocimiento de los efectos de los OGM sobre la salud y el medio ambiente, procede una moratoria sobre su producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza y sus impactos, en aplicación estricta del principio de precaución.

-Los alimentos no son una mercancía más. El sistema agroalimentario y de gestión de los recursos naturales no puede ser tratado con la exclusiva lógica del mercado.

Desde esta perspectiva, la aplicación de la Agenda 2000, la política presupuestaria europea, la próxima ampliación de la Unión, el reparto futuro de los fondos estructurales y de cohesión, así como las políticas comerciales impulsadas por la globalización liberal desde la OMC, plantean una serie de incertidumbres sobre el futuro de la agricultura europea, española y valenciana.

Defendemos que, en el marco de las políticas agrarias de la UE, hay que salvaguardar la base de soberanía europea recogida por los principios de preferencia comunitaria y solidaridad financiera.

Propugnamos que las futuras políticas europeas contemplen, al menos, los postulados siguientes:

1. Los precios agrícolas deben permitir a los agricultores vivir de su trabajo en igualdad de condiciones con otros sectores sociales.

2. Es necesario, en todo el mundo, proteger las agriculturas campesinas y familiares con respecto a las importaciones.

3. Se debe favorecer la creación de mercados agrícolas protegidos en espacios económicos regionales supranacionales.

4. Las políticas de exportación a bajo precio son destructivas para las agriculturas de los demás países.

5. Se impone un esfuerzo en el ámbito multilateral para mejorar los términos de intercambio por medio de acuerdos internacionales que aseguren precios equitativos y remuneradores.

6. La PAC debe modificarse para evitar que continúe favoreciendo la concentración de las tierras y la disminución del número de agricultores. Cada año desaparecen 200.000 explotaciones en la UE.

7. A escala mundial, hay que combatir el desarrollo del latifundismo e impulsar políticas de reforma agraria.

8. El acuerdo agrícola de la OMC debe reformarse inspirándose en los principios precedentes.

Sostenemos que los agricultores, ganaderos y pescadores son piezas clave de la producción de bienes, contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía, además de ser protagonistas de la conservación y la gestión del espacio natural.

Igualmente, hay que considerar a los agricultores, ganaderos y pescadores como protagonistas de la defensa de sus intereses y de la toma de decisiones que les afecten.

Para contrarrestar los desequilibrios estructurales derivados del minifundismo y la parcelación excesiva, hay que impulsar, entre otras medidas, la agrupación de explotaciones, las explotaciones prioritarias, la concentración parcelaria y la gestión integral de la producción por parte de las cooperativas agrarias. Los procesos de organización y concentración de la oferta de productos agrarios valencianos deben intensificarse todavía más, no sólo porque así lo exigen los mercados, sino también para lograr un reparto más justo del valor añadido entre el productor, el sector transformador y el comercio.

Hay que practicar el criterio de modulación de las ayudas al objeto de favorecer a los agricultores profesionales y las explotaciones de estructura viable y sostenible.

Las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana, bien sean de montaña o desfavorecidas, son las que más sufren el envejecimiento de su población agraria. La aproximación del nivel de renta de estas comarcas al del resto de la Comunidad Valenciana requiere el desarrollo de las infraestructuras necesarias para potenciar una calidad de vida y de asistencia en servicios públicos acordes a sus necesidades. Pero también necesita la regeneración de su tejido económico y social. Para ello, hay que potenciar el desarrollo de otras fuentes alternativas de ingresos, como el sector servicios y de industrias artesanas principalmente, en perfecta armonía y respeto con el entorno medioambiental y paisajístico de la comarca.

El desarrollo sostenible de unos ecosistemas tan valiosos, pero al mismo tiempo tan frágiles, como los de nuestra Comunidad, requiere la adopción de una serie de medidas que compatibilicen el modelo productivo agrario y su entorno medioambiental.

Es incomprensible que no se convoquen elecciones a cámaras agrarias provinciales al objeto de su democratización, puesta en funcionamiento y legitimación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Igualmente se debe potenciar el funcionamiento de los consejos agrarios municipales como órganos asesores y consultivos en su ámbito de actuación. Hay que crear una mesa de concertación de las políticas agrarias.

La agricultura valenciana es una de las más diversificadas de España, muy competitiva, y constituye un sector estratégico de nuestra estructura económica. Forma parte de nuestra cultura, de nuestro entorno y es la garantía de nuestra seguridad alimentaria en cantidad y calidad. Por eso hay que defenderla en todos los ámbitos, tanto en los de la Generalitat, como en los del Ministerio de Agricultura de España y en los de la Unión Europea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001