El Gobierno promete regular por ley esta legislatura sus incompatibilidades

El Consejo de Gobierno aprobó ayer su dictamen contrario a la toma en consideración por el Parlamento de la proposición de ley socialista que persigue endurecer las incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración. Este criterio no paraliza por sí solo la iniciativa legislativa del PSE-EE, cuyo curso deberá decidir el pleno, pero el previsible voto en contra de PNV, EA e IU haría necesaria el apoyo tanto del PP como de Batasuna a la proposición para que ésta continuara su trámite.

En su argumentación, el Ejecutivo señala dos razones para oponerse: que tiene previsto incluir la regulación de esa materia en su programa legislativo -el Gobierno sigue sin darlo a conocer, pese a que el portavoz, Josu Jon Imaz, lo comprometió hace dos semanas 'para fechas próximas'- y que la proposición socialista apenas introduce novedades respecto a la legislación actualmente en vigor.

El PSE decidió plantear en la Cámara una proposición de ley que endurece las incompatibilidades introduciendo normas ya en vigor en la Administración central. Los cambios se refieren sobre todo a las condiciones que deberán cumplir y los controles a que deberán someterse los cargos públicos en su vuelta a la actividad privada, una vez finalizado su mandato.

La presentación de esta iniciativa se produjo tras conocerse que el ex consejero de Educacicón Inaxio Oliveri fue contratado como asesor con rango de viceconsejero de Sanidad el mismo día de su cese como miembro del Gabinete.

El Consejo de Gobierno aprobó también el proyecto de ley que regulará el Plan Vasco de Estadística para el periodo 2001-2004. Según este programa, el Eustat elaborará en ese plazo un mínimo de 181 operaciones estadísticas, ya predeterminadas, además de las que requiera la actualidad en su momento. Destacan las 26 sobre demografía, 14 sobre cuentas económicas y, como novedad, cuatro acerca de la Sociedad de la Información.