Jueces vascos critican la 'gran lentitud' con la que Interior les da protección

La Consejería vasca de Interior comenzó el pasado lunes a dotar de escoltas a algunos jueces y fiscales de Euskadi, que supone una primera fase del despliegue necesario y que, según fuentes judiciales, no alcanza 'ni al 10%' del colectivo pendiente de recibir protección. Con anterioridad, y fruto de una reunión mantenida entre los máximos responsables de la judicatura vasca y de los departamentos de Interior del Gobierno central y vasco, se dotó de escolta a la práctica totalidad de los magistrados de la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

No obstante, esta dotación 'gradual' de servicios de protección le ha parecido muy insuficiente a los jueces y fiscales vascos, que estiman que la ejecución de los planes de Interior van 'mucho más lentos' de lo que ellos desean. Primero, porque el personal contratado no son especialistas ni han recibido cursillos específicos de protección frente a riesgos de terrorismo -'estaríamos hablando más bien de vigilantes jurados que de escoltas', según ha señalado un magistrado- y que además carecen de vehículos adecuados y de inhibidores de frecuencia. Junto a esas medidas de protección directa, expertos de Interior en seguridad han impartido charlas sobre autoprotección a algunos jueces sustitutos.

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, indicó ayer que el Gobierno central está contribuyendo plenamente para garantizar los servicios de los que se ha hecho cargo y que tienen como destinatarios al 50% del colectivo de jueces y fiscales que van a contar con protección. Interior reconoce las dificultades para encontrar en el sector privado, y de manera rápida, la cantidad de escoltas con formación específica para garantizar la seguridad de todos los jueces que corren peligro.

Frente a la seguridad de que disponen algunos jueces amenazados por ETA -que incluye dos escoltas, un coche blindado e inhibidores de frecuencia-, compañeros suyos lamentan que hay 'mucha diferencia de calidad con los nuevos servicios, lo que ha generado cierta frustración'.

Cuando han pasado cuatro semanas del asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón, el 'nerviosismo' entre los jueces y fiscales se acrecienta, e incluso algunos de ellos han redactado escritos de protesta, que no han difundido a la espera de ver cómo se van implantando las nuevas medidas de seguridad.

La pasada semana, durante un homenaje a un magistrtado en Bilbao, varios magistrados trasladaron sus preocupaciones en materia de seguridad a los vocales del Consejo General del Poder Judicial con especial dedicación al País Vasco, Javier Martínez Lázaro y Juan Pablo González Diéguez.