Concierto desafinado

La negociación para renovar el Concierto Económico vasco de 1981 ha encallado en el arrecife político de la participación del País Vasco en los órganos de la UE, tras haber avanzado considerablemente en los aspectos más sustanciales. El Concierto -al igual que su hermano el Convenio Económico de Navarra- establece para Euskadi un régimen financiero y tributario singular que no tiene parangón en los Estados más descentralizados. Constituye el 'derecho histórico' vasco por antonomasia, actualizado por la Constitución y el Estatuto, y el elemento central de su autogobierno. Gracias a él dispone el País Vasco de una Hacienda propia que le concede total autonomía a la hora de gestionar ingresos y gastos. A cambio del coste político de recaudar impuestos, los recursos públicos por habitante son en la comunidad vasca notablemente superiores a los que dispone, por ejemplo, Cataluña. El ex lehendakari Ardanza no exageraba cuando, con motivo de la reforma del Concierto en 1997, que le dotó de capacidad normativa plena en casi todos los impuestos, afirmó que, a efectos fiscales, 'Euskadi es el décimosexto Estado de Europa'.

Quizá porque el Concierto alcanzó entonces un desarrollo difícilmente ampliable, la mayor dificultad a la hora de acordar ahora su renovación se ha suscitado en un aspecto más simbólico que económico. En las negociaciones mantenidas hasta ahora, las instituciones vascas (el Gobierno de Vitoria y las haciendas forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) han visto satisfechas gran parte de sus aspiraciones de partida. En primer lugar, que el Concierto tenga una duración indefinida, sin perjuicio de adaptaciones futuras. Se han establecido también mecanismos de cooperación que eviten que las discrepancias tributarias acaben en los tribunales, como ha sucedido frecuentemente en la última década, así como fórmulas para ajustar la recaudación compartida de distintos impuestos. Pero, muy especialmente, las administraciones vascas han conseguido que no se revise a fondo el procedimiento por el que se determina el cupo, es decir, la cantidad con la que el País Vasco contribuye anualmente al sostenimiento de las funciones y servicios estatales y a los fondos de solidaridad interterritorial.

Las premuras de tiempo -la vigencia de la Ley del Concierto concluye el 31 de diciembre y no incluye una cláusula de prórroga automática- y quizá consideraciones de oportunidad han llevado al Gobierno del PP a desistir de su propósito de revisar a fondo el método de cálculo del cupo. La fórmula provisional acordada en 1981, que fijó el peso de la economía vasca en términos de renta en el 6,24% de la española -y en el mismo porcentaje su aportación a las cargas generales del Estado-, no se ha actualizado en estos 20 años. Y eso que desde la Administración central se ha sostenido con más reiteración que cifras la existencia de un desajuste entre los recursos tributarios recaudados con el Concierto (1,3 billones de pesetas el ejercicio pasado) y la aportación del País Vasco vía cupo (174.224 millones este año).

La pretensión del Gobierno vasco de hacer oír su opinión en los órganos de la UE sobre cuestiones que afectan a competencias propias -en este caso las tributarias- está en la lógica de un Estado tan descentralizado como el español. Puede discutirse, sin embargo, cúal es la fórmula adecuada para articular esa participación o si debe precisarse en el articulado de la Ley del Concierto un mecanismo que todavía no se ha definido para el conjunto de las comunidades autónomas. Las instituciones vascas apoyan su demanda en el argumento de que mal puede defender sus posiciones el Gobierno español, que ha recurrido judicialmente contra sus normas tributarias. Lo cierto es que el mayor peligro para el Concierto no ha venido de los litigios planteados por la Administración central, sino por las investigaciones abiertas por la Comisión Europea contra el pródigo uso que las diputaciones forales han hecho de los incentivos fiscales a la inversión.

La tendencia del nacionalismo vasco gobernante a plantear sus demandas en términos soberanistas y la desconfianza política entre Vitoria y Madrid han contribuido a las notas desafinadas de los últimos días. Incluida la marginación de la Diputación de Álava, gobernada por el PP, de la última propuesta elevada por el Gobierno vasco al Ministerio de Hacienda. El Concierto constituye un instrumento demasiado valioso como para supeditarlo a estrategias maximalistas de negociación. Por eso, no es al Gobierno central, sino a las instituciones vascas a las que debe preocupar especialmente la posibilidad de que se quede sin sustento legal, siquiera un día, el sistema que les permite cobrar los impuestos a sus ciudadanos.