Millones de propietarios afectados en Francia por un decreto que prohíbe la reventa de coches con amianto

Millones de propietarios de coches en Francia se encuentran afectados por un decreto promulgado hace cinco años, que prohíbe la venta de automóviles en cuya fabricación se haya utilizado amianto, a partir del 1 de enero de 2002. Veinte de los 28 millones de coches en circulación han sido matriculados antes de 1997, pero es difícil medir cuántos modelos contienen ese material. El sector que vive del mercado de segunda mano, consternado por la cercanía de la fecha, presiona para que se aplace la entrada en vigor del decreto.

Esa disposición fue promulgada el 1 de enero de 1997, adoptada por el último gobierno de la derecha, presidido por Alain Juppé. El decreto prohibió la venta de productos con amianto, por razones de salud pública, pero dio un plazo de cinco años a los propietarios de vehículos para que sustituyeran las piezas con ese mineral. Todo el mundo se había olvidado del decreto, a pesar de que 2.000 personas mueren cada año en Francia por enfermedades relacionadas con el amianto. Sin embargo, un diputado de la oposición se lo recordó a dos diarios regionales, que lo publicaron ayer, provocando un reguero de alarmas.

La aplicación del decreto exige que los constructores identifiquen la lista de modelos libres de amianto; en cuanto al resto, habría que controlar que han sido sustituidas las piezas con ese material, usado principalmente en frenos, embragues y juntas de culata. Sería necesario modificar por lo menos 'cientos de miles de vehículos' en los que no se ha hecho aún sustitución alguna, según estimaciones del Consejo Nacional de Profesiones del Automóvil.

La aplicación de ese decreto es tan difícil que ya se anuncia una reunión, el próximo miércoles, entre el sector afectado y el Ministerio de Empleo y Solidaridad. Los constructores de automóviles aseguran haber decidido desde 1993 no utilizar amianto, pero han sido exhumadas declaraciones de los fabricantes en el momento de promulgación del decreto según las cuales no usaban amianto desde el año 1986. 'Si ahora es desde 1993, hay cierta diferencia', comentan fuentes del Ministerio de Empleo y Solidaridad.

¿Quién dará el certificado necesario, quién verificará que ningún elemento bajo el capó contenga amianto? Y sobre todo: ¿quién va a pagar esto? No hay nada preparado, ni desde el punto de vista técnico, ni tampoco desde el financiero. 'No hay razón alguna para que el usuario final, es decir, el automovilista, tenga que soportar el costo de las reparaciones', afirma Josianne Gorgibus, directiva de la federación francesa de clubs del automóvil.