El Parlamento navarro aprueba con la oposición de UPN el impuesto que grava a los 'hiper' con 2.000 pesetas el metro

El pleno del Parlamento de Navarra aprobó ayer de forma definitiva el impuesto que gravará con 1.997 pesetas por metro cuadrado la actividad de las grandes superficies de la región. Sólo UPN, el partido que gobierna la Comunidad foral, mostró su oposición a esta nueva tasa cuya recaudación anual -unos 300 millones de pesetas- se destinará a la rehabilitación y apoyo de las actividades terciarias en los centros urbanos, además de a la mejora del medio ambiente y las infraestructuras afectadas por la implantación comercial.

La actividad parlamentaria estuvo ayer centrada en Navarra en la regulación legal de las actividades comerciales e industriales, materia en la que el Ejecutivo de Miguel Sanz volvió a padecer dos sonoras derrotas. No sólo se dio luz verde a la esta nueva tasa sobre la actividad comercial de las grandes superficies, sino que la oposición consiguió imponer que el método de la subasta sea el único procedimiento que el Gobierno de Navarra pueda utilizar para enajenar suelo público con usos comerciales y de ocio y cuando se destine a la promoción de viviendas. La figura de la subasta se reserva para su utilización 'preferente' cuando la enajenación de los suelos se destine a otros usos como los industriales. La oposición, con los socialistas a la cabeza, no se fía de los criterios de UPN a la hora de adjudicar las licencias comerciales, y estima que la subasta aporta la mayor transparencia y rendimiento económico posibles a los intereses públicos.

Posible recurso

A partir de ahora, estarán obligados a pagar el nuevo impuesto en Navarra todos los hipermercados con superficie comercial útil para venta y exposición de productos y servicios superior a los 2.500 metros cuadrados, siempre que se ubiquen en Pamplona, su comarca o en municipios de más de 12.000 habitantes. Esa superficie se reduce a 1.500 metros si la gran superficie se ubica en otras localidades. El Ejecutivo foral ha insistido durante la tramitación de esta nueva figura impositiva en que el Gobierno central la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo con el impuesto creado en Cataluña para gravar la actividad de las grandes superficies. En Navarra hay actualmente una veintena de grandes superficies y en el último año se han presentado otras ocho solicitudes de apertura.

La oposición discrepa de esos criterios y además no quiere dejar en manos de UPN, a través del procedimiento del concurso, la concesión de las nuevas licencias comerciales. El propio presidente de Navarra, Miguel Sanz, no ha ocultado su deseo explícito de que El Corte Inglés se instale en Pamplona, y el Ayuntamiento de la capital, también en manos de UPN, preparó uno de los mejores solares urbanos de Pamplona para la ubicación de una gran superficie de esas características.

Sin embargo, los planes del Ejecutivo se fueron ayer a pique en virtud de las enmiendas presentadas por IU y EA-PNV a uno de los artículos de la ley foral de Ordenación del Territorio de 1994 que regula estas materias. Las enmiendas salieron adelante con el apoyo, entre otros grupos, del PSN. En virtud de ellas, el Gobierno deberá limitarse a adjudicar las licencias a las empresas que paguen más por el terreno cuando en éste se vayan a levantar viviendas, grandes superficies o centros de ocio. La oposición aceptó, no obstante, que el Gobierno pueda usar el concurso público u otras fórmulas en los suelos destinados a actividades industriales o de investigación tecnológica, como es el caso del gran área de la innovación proyectado en Sarriguren, junto a Pamplona.