El PP renuncia a que el Parlamento reciba información sobre el nombramiento de Oliveri

El PP ha retirado en el Parlamento la pregunta que había dirigido al consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, para conocer todos los extremos de la contratación de Inaxio Oliveri como asesor, de ese departamento el mismo día de su cese como responsable de Educación. El portavoz popular, Leopoldo Barreda, reconoció a este periódico que su grupo decidió retirar la pregunta tras recibir una llamada del propio ex consejero, en la que éste se explicó en privado. El PP, que había acusado al Gobierno de ser una oficina de 'recolocación' de sus cesantes, retiró su pregunta

Los populares se han dado por satisfechos con esta explicación restringida ofrecida por Oliveri, pese a que la pregunta planteada en sede parlamentaria se dirigía al autor de la contratación y consejero de Sanidad en ejercicio, Gabriel Inclán.

Esta decisión del PP, que reaccionó con gran escándalo al conocimiento de esa contratación, y señaló que el Gobierno usa la Administración vasca como oficina de 'recolocación' de sus propios cesantes, hurtará ahora al conocimiento público lo ocurrido con la contratación del ex consejero de Educación durante mes y medio el pasado verano como asesor de Relaciones Institucionales con rango de viceconsejero de su homólogo de Sanidad.

Inclán respondió recientemente con un lacónico 'sí' por escrito a otra interpelación anterior del PSE que simplemente preguntaba si la contratación se produjo y sus fechas. Al nombramiento no se le dio ninguna publicidad en su momento, ya que el Gobierno no tiene obligación de hacerlo con los asesores y el llamado personal eventual de confianza.

La pregunta del PP, sin embargo, ponía en aprietos de mayor calado al Ejecutivo, ya que habría obligado al consejero de Sanidad a efectuar precisiones sobre si el lehendakari, Juan José Ibarretxe, conoció la gestación del nombramiento de Oliveri, el despacho que éste ocupó, si disfrutó de vacaciones durante las fechas en que estuvo contratado -entre el 16 de julio y el 1 de septiembre pasados- qué personal y extensión telefónica se le asignaron, que reuniones mantuvo y con quién, qué informes emitió y cuánto cobró por todos los conceptos.

El fichaje de Oliveri por su ex compañero de Gabinete fue revelado por el portavoz parlamentario socialista, Rodolfo Ares, en un pleno parlamentario el pasado 5 de octubre. El PSE aún está esperando la respuesta del Gobierno a una petición de información sobre todos los nombramientos efectuados desde la formación del nuevo Ejecutivo, ya que sospecha que se produjeron otros tránsitos como el de Oliveri.

Tanto el PP ahora como el PSE desde el principio -'no vamos a la caza de Oliveri', recalcó Rodolfo Ares desde un principio- han mostrado su inclinación a poner sordina al caso del ex consejero, como una demostración de que no buscan perjudicarle personalmente.

Los socialistas, sin embargo, consideran que el problema central no reside en él, que es ya un particular ajeno a la política, sino en la actuación de Inclán, responsable del nombramiento. 'Quien no obró correctamente fue el Gobierno en ejercicio', señaló Ares a este periódico.

Un informe jurídico que los socialistas anunciaron para abordar incluso la compatibilidad de la condición de ex consejero de Educación de Oliveri con su destino como rector de Mondragon Unibertsitatea se ha cerrado sin una conclusión clara, ya que, según Ares, caben interpretaciones distintas de la ley. El PSE ha optado por presentar una proposición de ley que busca endurecer el control sobre los cargos públicos, no sólo en su acceso a la función, sino a la hora de su cese y regreso a la actividad privada.

La propuesta socialista afectaría a los miembros del Gobierno, viceconsejeros y secretarios generales, directores, miembros de gabinetes del lehendakari y consejeros (salvo asesores de prensa), puestos de libre designación en organismos autónomos dependientes de la Administración, presidentes, directores generales, gerentes y directivos de las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado, al director general de EITB y a cualquier puesto cuyo nombramiento dependa de una decisión del Consejo de Gobierno.

El PSE quiere someter a los altos cargos al mismo control establecido por la ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 1995. Así, no podrían durante los dos años siguientes a su cese realizar actividades privadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución, ni celebrar contratos con las administraciones públicas. Quienes reciban indemnizaciones no podrán intervenir en actividades relacionadas con las competencias del cargo que ocuparon. Durante los mismos dos años estarían obligados a comunicar todas sus actividades al Registro de Actividades y de Derechos y Bienes Patrimoniales y a formular una declaración patrimonial dentro de los tres meses siguientes al cese y después anualmente.