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El HSBC cerrará las 138 cuentas cifradas de su sucursal en España

El saldo opaco del banco suma 11.292 millones

Javier Moreno

El Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ha acelerado el cierre de las 138 cuentas cifradas abiertas en Madrid tras la polémica suscitada al revelar su existencia el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera. El saldo que el banco británico, uno de los más grandes del mundo, tenía en estas cuentas, según Caruana, ascendía a 11.292 millones de pesetas. El titular formal de dichas cuentas es el Republic Bank, una filial suiza del HSBC, pero las autoridades ignoran la identidad de los dueños últimos del dinero.

La revelación de Caruana, el viernes 26 de octubre, provocó una tormenta política, entre otras cosas porque se produjo tres días antes de que compareciese ante la comisión Rodrigo Rato. El HSBC tiene concedido un crédito de 525 millones de pesetas a una de las empresas en las que participa el vicepresidente segundo del Gobierno. El PSOE acusó a Caruana y al Gobierno de permitir 'un paraíso fiscal' en el centro de Madrid, ya que esas cuentas resultan opacas a la Hacienda pública.

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Tras estallar el escándalo, el HSBC está acelerando la liquidación de esas cuentas, un proceso que había iniciado con anterioridad por el malestar del Banco de España, según fuentes del sector financiero. Un portavoz oficial del HSBC no quiso opinar sobre el tema.

En su comparecencia ante el Congreso, el gobernador calificó de 'preocupantes' estas cuentas cifradas, aunque afirmó que no son ilegales, porque cuentan con un titular formal: el Republic Bank de Suiza. La legislación prohíbe abrir cuentas cifradas en España. El gobernador también confirmó que las 138 cuentas del HSBC resultan 'fiscalmente opacas'. El banco siempre ha sostenido que esta operativa es legal según la normativa española.

Pero la identidad de los propietarios últimos del dinero resulta desconocida para las autoridades, lo que llevó a la oposición a acusar al gobernador y a Rato de tolerar la situación por el crédito de 525 millones concedido a Muinmo, la empresa familiar del vicepresidente.

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En todo caso, esas cuentas podrían violar la legislación contra el blanqueo de capitales, que permite a las autoridades indagar si existen indicios de que el titular formal (en este caso el Republic Bank) no es el propietario último del dinero.

Supervisión ordinaria

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) descubrió la existencia de al menos una treintena de esas cuentas opacas en una supervisión ordinaria a la gestora de fondos de inversión del HSBC en 1999, no relacionada con Gescartera. El resto de las cuentas, un centenar, hasta 138, eran manejadas por el HSBC en su gestión habitual de patrimonios.

Tres días después de la comparecencia de Caruana en la comisión Gescartera, Rato aseguró, también ante los diputados, que las cuentas cifradas son ilegales y que había ordenado esa misma mañana al Banco de España una investigación. Un día después, el Ministerio de Economía minimizó esta acusación al afirmar que las 138 cuentas del HSBC tienen un titular formal conocido (el Republic Bank), y que por tanto no son ilegales.

Desde aquella polémica, que causó irritación en el Banco de España, el HSBC ha procedido a una liquidación ordenada de la situación, aunque la entidad británica no ha querido confirmar a este periódico ni el alcance de la operación ni qué parte queda todavía de los 11.292 millones de pesetas detectados por las autoridades. En la parte secreta de su comparecencia en el Congreso, el gobernador del Banco de España declaró que el HSBC le había asegurado que ni los titulares de las cuentas ni el dinero tenían relación alguna con Gescartera, según testimonio de varios diputados, pero que él no tenía manera de comprobar este extremo.

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