Cuando el mar regresa, el cemento se resquebraja

La furia del Mediterráneo en lo que algunos han calificado como el mayor temporal de los últimos 20 años ha puesto de manifiesto otra vez la fragilidad de las construcciones humanas, hasta la de un poderoso puerto como el de Castellón. Y mientras los municipios y los propietarios de viviendas y negocios azotados por las olas reclaman barreras y defensas que los protejan, otras voces, entre ellos las de algunos políticos y todos los ecologistas, exigen la devolución al mar de lo que siempre han sido sus dominios. Y cuando menos, el freno a toda nueva urbanización en la costa.

'En temporales como este último se ve que hay que devolver al mar el terreno que le corresponde y que no se puede ocupar la costa de manera indiscriminada'. El director general de Costas del Ministerio del Medio Ambiente, José Trigueros, denunciaba con estas palabras el martes pasado en Pinedo cómo la mayoría de los desastres ocasionados por las enormes olas del temporal del pasado fin de semana se deben a una temeraria invasión humana del dominio de la olas.

Tras la visita de Trigueros, las olas volvieron a arrasar el jueves las costas del norte de Castellón, destrozando incluso parte de los diques de protección del puerto de la capital de La Plana. Pero el mayor daño ya lo había causado el temporal entre el domingo y el lunes, 'el mayor de los últimos 20 años', según el director general de Costas. Los daños suman casi 8.000 millones de pesetas. A efectos del Gobierno central, la destrucción de paseos marítimos se eleva a 3.310 millones de pesetas, a los que habrá que sumar los daños en el puerto de Castellón. Y a cargo del Consell, otros 5.000: los daños en puertos de la Generalitat sumaron 2.140 millones de pesetas, y los de las infraestructuras instaladas en las playas (duchas, lavapiés, mobiliario, juegos infantiles, papeleras, pasarelas...) otros 2.250 millones. Los municipios afectados han elaborado sus propias listas de desperfectos. Y el monto total se sabrá cuando evalúen sus pérdidas todos los particulares afectados, para quienes el Consell ya ha anunciado líneas de créditos especiales.

El debate está claro: numerosas construcciones en el borde litoral corren un peligro real ante los embates del Mediterráneo, un peligro que podría aumentar si se confirman las auguradas consecuencias del cambio climático que están produciendo los gases de efecto invernadero. Hay quien apuesta por seguir ocupando el litoral y defenderse de las olas con todo tipo de medios técnicos. Y hay quien aboga por eliminar toda construcción invasora. Entre estas posiciones antagónicas, toda la gama de grises.

La Ley de Costas, aprobada en 1988, deja claro en su artículo tercero que la zona de dominio público marítimo-terrestre incluye, además de las playas, 'el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos'. Es decir, a efectos legales, no se puede construir ningún tipo de infraestructura privada en ningún sitio que pudiera verse afectado por el mar más embravecido. Y, desde la aprobación de la ley, en julio de 1988, es competencia del ministerio hacer el deslinde de la costa, es decir, delimitar en cada tramo del litoral cuál es lugar exacto a partir del cual sí se puede construir, si así lo decide el municipio correspondiente. El principal problema radica en todas las construcciones que crecieron como champiñones a escasos metros de las olas durante el boom del turismo, antes de la entrada en vigor de la ley. Pero también han sido numerosas las ocasiones en que, a pesar de la ley, el cemento ha invadido el litoral en estos últimos años.

Y no es fácil la labor de Costas, puesto que las presiones para regularizar situaciones ilegales, o simplemente peligrosas, vienen hasta de los propios municipios. En la parada de Pinedo, tras recorrer en helicóptero el sur del litoral de la Comunidad Valenciana, Trigueros explicó que las mismas personas que se quejan cuando las olas causan desperfectos en sus viviendas o negocios son las que protestan cuando el deslinde de Costas deja su propiedad fuera de juego. 'Te exigen que retranquees la línea de dominio público', aseguró. En ese momento, el peligro no cuenta.

La destructiva, por lo menos en lo referente al paisaje natural, y peligrosa urbanización de la zona en la que el mar suele, aunque a veces parezca que es muy de vez en cuando, tomar posesión con toda su violencia, es una denuncia reiterada entre los grupos ecologistas. Greenpeace ya pidió el lunes una profunda revisión de la gestión costera y denunció que en España hay planes para ampliar 30 puertos comerciales, construir o ampliar 58 puertos deportivos y para desarrollar urbanizaciones en decenas de kilómetros de costa. No es la única voz de alerta. Ingenieros y urbanistas, que recuerdan cómo las infraestructuras portuarias y otros diques modifican la dinámica de las corrientes marinas, han insistido esta semana también en que los cordones dunares son elementos de protección que se inutilizan al construir sobre ellos.

De nada sirve. A no ser que la ley de ordenación que prepara el Consell revierta los planes de urbanismo de los 60 municipios costeros valencianos, éstos tienen previsto duplicar su superficie urbana en los próximos años: ocupan ahora 35.257 hectáreas y tienen calificadas como urbanizables otras 30.767. Un peligro latente para los últimos kilómetros de costa virgen, que si se excluyen los 147 que gozan de una protección especial, apenas suman 15 kilómetros, muy golosos para los constructores.