Saldaña no denunció amenazas ni el asalto a su casa, pero informó al juez sobre el 'caso FARA'

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, sufrió amenazas de responsables de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) e incluso el asalto de su vivienda por parte de personas todavía no identificadas, pero no presentó ninguna denuncia. Fuentes judiciales confirmaron ayer que aunque comunicó los hechos ante la unidad de policía y el Juzgado número 7 de Málaga que investigan la utilización de la FARA para desviar ayudas públicas y blanquear dinero de la droga, no los denunció formalmente.

Ambos incidentes se produjeron cuando ya se habían iniciado las pesquisas que han revelado un entramado mediante el cual se desviaron unos 300 millones en subvenciones a cuentas particulares de dirigentes de la federación. Según informó ayer el diario Sur, el consejero recibió una llamada telefónica anónima en la que le advirtieron que fuera a su casa porque le habían robado. Cuando llegó, comprobó que efectivamente su domicilio había sido asaltado y que todos los objetos de valor estaban sobre una cama.

Por otra parte, el juez que instruye el caso -en el que además del desvío de fondos públicos se investiga el uso de la FARA para blanquear dinero del narcotráfico- ha decretado la libertad con fianza de 500.000 pesetas para dos directivos de la organización y el funcionario del Ministerio de Trabajo imputados en la causa.

Se trata de Vicente Maya Fernández, vicepresidente de la federación; Ramón Vargas Contreras, tesorero, y Luis Payo, responsable de la inspección de subvenciones para las ONG del Ministerio de Trabajo.

Los tres se declararon inocentes de los cargos que se le imputan. Malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, en el caso de los dos directivos de la FARA, y delito de infidelidad en la custodia de documentos en el del funcionario del Ministerio. Según fuentes de la investigación, éste alertó a los dirigentes de la organización gitana de las pesquisas iniciadas por la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la policía.

Sin embargo, ayer durante su declaración, que duró unas dos horas ante el juez Pedro Molero, el imputado sostuvo que hizo una inspección de la FARA y advirtió en un informe de las irregularidades. Ayer quedó en libertad tras pagar las 500.000 pesetas de fianza.

El vicepresidente y el tesorero declararon el miércoles por la tarde. Ese día por la noche quedaron libres tras abonar el medio millón de pesetas en concepto de fianza que les impuso el juez. Los tres acusados fueron detenidos el martes junto a otros cinco sospechosos. Con estas ocho últimas detenciones suman 21 los arrestados en la causa.

Sospechosos en libertad

Entre las ocho detenciones practicadas el martes, se encuentra también la de José Leal Sabido, jefe de servicio de la Consejería de Asuntos Sociales, que tras prestar declaración ante la comisaría de Sevilla, quedó en libertad. Es sospechoso de un delito de malversación. Según fuentes judiciales, este funcionario dio por justificadas facturas presentadas por la FARA que en realidad no estaban debidamente documentadas. No está imputado, puesto que aún no ha declarado ante el juez.

Otro de los detenidos en la última redada de la UDYCO es Antonio Borja, vicesecretario de la FARA, acusado de malversación de fondos y blanqueo de capitales y que el miércoles quedó en libertad sin fianza. Con él son seis los directivos de la federación inculpados en el caso ya que, además del vicepresidente, el tesorero y el interventor, Andrés Arribas, que están en libertad, la semana pasada fueron detenidos y encarcelados el presidente de la organización, Vicente Rodríguez y el secretario, Salvador P. A.

También han quedado en libertad Marcelo M.R., jefe de ventas de Renfe, que presuntamente falsificaba billetes para que dirigentes de la FARA justificaran gastos; Miguel V.S. y Manuel S.S., director y apoderado del Banco Popular de Torremolinos, que informaban al asesor fiscal Valeriano G.G. -en prisión- sobre cómo blanquear dinero. Estos dos empleados de banca y el de Renfe son sospechosos de delitos de malversación, blanqueo y falsificación. Declararon ante la policía y están libres con obligación de comparecer ante el juez.