La mayor protesta universitaria de la democracia

La ley universitaria desató ayer la mayor protesta estudiantil de la democracia. Ocurrió en la tercera jornada de movilización estatal convocada por estudiantes y sindicatos y apoyada por todos los partidos de la oposición, menos CiU y CC, en contra de la reforma de la universidad elaborada por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y que actualmente se debate en el Senado. La protesta de ayer, precedida por huelgas y manifestaciones en toda España durante las dos últimas semanas, tuvo su máximo exponente en Madrid, donde congregó más de 50.000 estudiantes (100.000, según los convocantes, y 10.000 según Educación). Pero no será la última movilización.

El medio centenar de organizaciones de estudiantes de toda España que han constituido la Campaña Estatal contra la Ley Orgánica de Universidades y los sindicatos CC OO y UGT acordaron ayer convocar una 'megamarcha sobre Madrid' el sábado 1 de diciembre. Las universidades y los partidos políticos del PSOE e IU apoyarán esta convocatoria y colaborarán en su organización. Participarán en la marcha, entre otros, los líderes del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de IU, Gaspar Llamazares; de CC OO, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez. Acudirán también rectores de toda España y personas representativas del mundo de la cultura y jóvenes. Estudiantes y sindicatos iniciarán además una recogida de formas contra la ley.

Los estudiantes reiteraron ayer las principales razones que les están llevando a protestar en la calle: 'Vamos a un modelo anglosajón, con la agencia de evaluación de universidades se quedarán unas cuantas de élite a las que se les dará la financiación; se necesitan más becas para poder acceder a la movilidad, hay una nula representación de los alumnos en los órganos de gobierno de la universidad y se quiere poner la financiación de la investigación en manos de las empresas'. Y añaden: 'El PP no va a dar financiación suficiente para que estemos al nivel de la UE, los planes de estudios seguirán siendo arcaicos, se pretende politizar la universidad permitiendo la participación de políticos en las decisiones académicas y, por tanto, se quiere quitar autonomía de decisión a las universidades y a los que formamos su comunidad'.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, dijo ayer que le resulta 'difícil encontrar fundamento' a la huelga estudiantil porque los alumnos no saben por qué se manifiestan y vierten críticas contra medidas que no están previstas en la reforma. El ministerio aseguró que se manifestaron 104.200 alumnos en España.

Sin embargo, el PSOE, IU, CC OO y UGT se felicitaron ayer por 'éxito histórico' de la convocatoria de ayer y dijeron que 'la ministra está poniéndose en ridículo al devaluar las movilizaciones'. Y los rectores hicieron público ayer un comunicado muy contundente: 'La masiva participación de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios en las distintas convocatorias de protesta contra el proyecto no conoce precedente en la historia de nuestra Universidad'. El texto añade: 'Este hecho debería hacer reflexionar sobre la manifiesta falta de consenso; un consenso que es básico para garantizar que la nueva norma universitaria nace al servicio del interés general y para asegurar su capacidad transformadora. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) quiere expresar su preocupación por la actitud del Ministerio de Educación ante el amplio rechazo que el proyecto ha generado en la comunidad universitaria. Tratar de obviar o minusvalorar este rechazo no parece compatible con la deseable responsabilidad en la acción de gobierno'. La CRUE convocará una reunión para analizar la situación antes de la próxima reunión del Consejo de Universidades del 26 de noviembre.

Fuentes del PP confirmaron ayer a este periódico que el Gobierno introducirá una media docena de retoques en el contenido del texto de la ley durante su tramitación en el Senado. Esto hará que el documento definitivo tenga que regresar al Congreso de los Diputados para su ratificación, un proceso que concluirá como muy tarde el 6 febrero.