La Junta lleva a los tribunales el acuerdo firmado por el Gobierno con la industria farmacéutica

La Junta acordó en el Consejo de Gobierno de ayer interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por el acuerdo suscrito el pasado 31 de octubre entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica. Según el Gobierno andaluz, el acuerdo carece de cobertura legal, invade competencias de las comunidades autónomas que tienen transferida la Sanidad y es 'una clara intromisión del Ministerio de Sanidad en el ámbito competencial autonómico', al facilitarle éste a Farmaindustria datos que sólo le corresponde gestionar a las autonomías.

Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, manifestó ayer, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el acuerdo del Ministerio de Sanidad con la industria farmacéutica es 'absolutamente leonino'. Y dijo más: 'Este acuerdo favorece claramente los intereses de las multinacionales y perjudica a los usuarios de la Sanidad'. En términos parecidos se había manifestado el 31 de octubre pasado Francisco Vallejo, consejero de Salud, quien, tras conocer el acuerdo firmado por la ministra Celia Villalobos en nombre del Consejo Interterritorial de Salud, le remitió a la ministra el 2 de noviembre una carta en la que le adelantaba los motivos por los que ahora la Junta impugna la medida.

Según lo acordado ayer por el Consejo de Gobierno, la Junta interpondrá inmediatamente un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Para Vallejo 'la cuestión es tan clara, que este pleito conduce a la nulidad del acuerdo'. Además, según el consejero de Salud, 'el pleito se resolverá muy pronto'. 'La ministra debería estar más preocupada de la nulidad de lo que firmó, y de convocar al Consejo Interterritorial, que de amenazarnos con que no dispondremos de dinero para investigar'.

El pacto firmado entre el Gobierno central y la asociación empresarial Farmaindustria para la elaboración y ejecución de un plan integral de medidas destinadas al control del gasto farmacéutico y uso racional del medicamento carece, según el Gobierno andaluz, de cobertura legal al haber sido suscrito por la ministra de Sanidad en nombre del Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad, sin que éste órgano haya tenido conocimiento del mismo ni prestado su consentimiento para su firma. En el Consejo Interterritorial están representadas todas las administraciones sanitarias autonómicas.

A juicio de la Junta, el acuerdo invade claramente las competencias que en materia de sanidad tiene la comunidad autónoma andaluza; especialmente, en lo que se refiere a la 'ordenación de los servicios farmacéuticos', que son competencia exclusiva de la Junta.

Asimismo, el Gobierno andaluz basa la impugnación del citado acuerdo en la intromisión que hace el Ministerio de Sanidad en lo que la Junta considera una actividad exclusiva de ella. Se refiere, en este caso, al compromiso adquirido por el Ministerio con la industria para facilitarle toda la información sobre facturación mensual por recetas de la Seguridad Social, detallada por laboratorios y especialidades, 'cuando la gestión de estos datos sólo nos corresponde a nosotros', afirma Vallejo.

Por su parte, Celia Villalobos, declaró ayer en Córdoba que 'la Junta interpone los intereses políticos del Partido Socialista a los de los ciudadanos andaluces', informa María H. Martí. Villalobos aprovechó la visita a Córdoba para preguntarle al consejero 'si estaba dispuesto a renunciar al dinero que le correspondería a los investigadores andaluces a partir del acuerdo firmado con la industria'. A lo que el consejero de Salud ha respondido que si no van a darle dinero a las ocho comunidades autónomas que ya han anunciado la impugnación del acuerdo, eso significa que 'se lo darán a los catalanes'. El consejero de Salud andaluz concluye que la financiación de la investigaciones biomédicas son una obligación del Estado, y no un capricho de la ministra que deja a expensas de un acuerdo con la industria farmacéutica.