El nuevo plan de financiación universitario parte en 2002 con una dotación de 97.300 millones
La partida de transferencias corrientes para las universidades aumenta un 14,42%
Los rectores de las universidades andaluzas ya conocen la cantidad exacta que tendrán que repartirse en 2002 dentro de la primera anunalidad que la Junta ha destinado en sus presupuestos para el nuevo Plan Plurianual de Financiación (PPF) universitaria. La partida destinada por la Consejería de Educación a transferencias corrientes asciende a 97.316 millones de pesetas para 2002, lo que supone un crecimiento del 14,42% respecto a la del presente año.
A esta partida hay que sumar los más de 80 millones de euros (13.316 millones de pesetas) que se han destinado a inversiones en infraestructuras en virtud al acuerdo firmado este año entre Junta y rectores, que incluye una inversión pública de 60.000 millones de pesetas en el periodo 2001-2005.
Las inversiones en infraestructuras reciben 13.316 millones en su primera anualidad
Conocida la cantidad de partida de la primera anualidad del PPF, ahora sólo resta que se defina la forma en que se va a repartir entre las universidades. La Consejería de Educación espera que para finales de año o principios de 2002 se tenga ya perfilado un modelo de reparto que refleje el mismo espíritu de consenso que marcó la elaboración del dictamen parlamentario sobre Universidad, documento aprobado este año con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el PP, que se abstuvo, y que fijó las reglas de juego.
Este modelo de financiación, que se ha inspirado el que desde 1999 se aplica en las cinco universidades de la comunidad valenciana, apuesta por un sistema universitario que introduzca el concepto de 'financiación por objetivos', que en el caso andaluz supondrá un 10% del total de la financiación que perciban las universidades.
Cada institución suscribirá un contrato-programa por el que se comprometerá a alcanzar los objetivos en él incluidos. Del grado de cumplimiento de estos objetivos dependerá que reciba o no esa financiación extra. La finalidad del PPF es conseguir que la Universidad ofrezca un servicio público de calidad y, por lo tanto, que se incentive la mejora de la calidad en las distintas universidades.
Una mejora que en Andalucía se encargará de supervisar la Unidad de Calidad de las Universidades, una especie de consorcio mixto coordinado por los vicerrectores de las distintas instituciones andaluzas, en el que también participan miembros de la Junta. Similar al modelo catalán, esta unidad, que podría ser reconvertida en una Agencia de Calidad y Evaluación, será la encargada de elaborar todo el elenco de indicadores de calidad para mejorar los planes de calidad que ya funcionan en investigación y docencia.
Pero, para ello, antes deben darse tres elementos. Primero, unas reglas claras del juego, basadas en indicadores de calidad y criterios objetivos; segundo, debe lograrse un sistema de información transparente sobre la realidad económica -determinar la deuda de las universidades-, docente e investigadora de cada campus; y, tercero, establecer un periodo transitorio que en el caso andaluz se estudia que sea de tres años para que las universidades alcancen niveles de convergencia interna, con el objeto de que el modelo permita al sistema universitario andaluz converger en financiación y competitividad con las medias nacionales y europeas. Sobre estos principios habrá de girar el modelo andaluz, como ya lo hace desde 1999 el PPF de la comunidad valenciana. Este plan de financiación que aplican las cinco universidades valencianas se basa en la consecución de unos objetivos de calidad, docencia, investigación y desarrollo (I+D), cultura y empleo que integra el gasto corriente y las inversiones.
El modelo valenciano, que será revisado en 2003, está segmentado en una partida fija, conformada por el 1,25% del total que se asigna a cada universidad en concepto de costes mínimos de funcionamiento; una partida básica que comprende la subvención ordinaria y que representa casi el 70% del total y los ingresos por tasas y recursos propios, que alcanzan un 18%. La financiación por objetivos llega al 10% del total del presupuesto.
