Más de 30.000 ayudantes, becarios y asociados universitarios deberán recolocarse en tres años

Alrededor de 20.000 profesores asociados, 4.000 ayudantes y 7.000 becarios de las universidades públicas españolas tendrán que recolocarse antes de tres años desde que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el Congreso de los Diputados y que se empezará a debatir en breve en el Senado.

El texto, que estará presumiblemente aprobado antes de enero, señala que los actuales ayudantes (que ahora pueden tener contratos temporales por cinco años como máximo) pueden pasar a tener un contrato de profesores ayudantes doctores, si han concluido su tesis, pero siempre que pasen o hayan pasado dos años desvinculados de la universidades en la que trabajan actualmente y reciban un informe favorable bien de la nueva Agencia Nacional de Evalucación de la Calidad o bien de alguna de las agencias autonómicas.

Generalmente, los estudiantes hacen el doctorado (que incluye una serie de cursos más la tesis) en la misma universidad en la que han estudiado la carrera, puesto que deben buscar un profesor que acepte dirigirles la tesis, así como un programa de doctorado adaptado a sus objetivos. Durante ese tiempo tienen dos opciones. La primera es pedir una beca (del ministerio, de las comunidades autónomas o de otras instituciones), por lo que pasan a ser becarios hasta que esa ayuda de doctorado (generalmente, de cuatro años) se les acaba.

La segunda opción es hacer los cursos de doctorado por libre, situación en la que suelen compaginarlos con algún trabajo hasta que han concluido esos cursos, momento en el que pueden obtener un contrato como ayudante de facultad (en las escuelas universitarios pueden tenerlo antes de concluir estos cursos).

Con la nueva ley, los alrededor de 11.000 ayudantes y becarios actuales de las universidades deben, antes de tres años, buscar una recolocación: se pueden ir a otra universidad (si encuentran en ella una plaza libre, que no puede ser de nuevo como ayudante), buscar un trabajo fuera de las universidades o pedir una plaza, al acabar la tesis, como profesor contrato doctor (una de las nuevas figuras que introduce la ley). Sin embargo, esta última opción parece un poco peregrina, porque estos nuevos contratos no están pensados para los recién doctorados, sino para profesores que tengan una larga trayectoria y que no quieran, o no hayan podido aún (como los que regresan de estudiar en el extranjero) acceder a una plaza de funcionario como profesor titular.

En cuanto a los alrededor de 20.000 asociados, la ley les exime de tener que pasar dos años alejados de la universidad en la que están ahora, pero sí establece que no pueden seguir como asociados a tiempo completo más de tres años desde que se apruebe la ley. La figura del asociado que trabajan a tiempo completo es una perversión de la figura auténtica de asociado, que debe ser a tiempo parcial, según señala la ley aún en vigor -la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983-. Actualmente, sólo hay otros 5.000 asociados que sí lo son a tiempo parcial, es decir, profesionales que dedican sólo unas horas semanales a la docencia universitaria.