Andalucía, número uno en funcionarios

No hay ninguna duda de que los funcionarios son la gran columna vertebral sobre la que tiene necesariamente que apoyarse cualquier actividad política pues sólo si existe una Administración eficaz, capaz de cumplir las instrucciones del Gobierno, puede hacerse realidad un programa político concreto. Sin ella, las mejores leyes y los mejores planes permanecerán en el cielo etéreo de los boletines oficiales, pero no bajarán al mundo terrenal de los ciudadanos, como lo expresa certeramente el título de un libro de Michel Crozier: No se cambia la sociedad por decreto. Todos los partidos políticos andaluces comparten esta idea. Sin embargo, están profundamente divididos a la hora de aplicarla a la Junta de Andalucía: mientras la coalición gobernante se muestra satisfecha con ella y considera que es una Administración moderna, los partidos de la oposición no se cansan de señalar que funciona mal, precisamente por la incapacidad de su dirección política, el Consejo de Gobierno.

A pesar de que soy funcionario público (o precisamente por ello) no tengo una idea clara sobre quien lleva razón en esta polémica y no me atrevo a hacer la más mínima propuesta sobre cómo debe adecuarse la Administración andaluza a los nuevos tiempos, más allá de un par de obviedades que todo el mundo acepta: aplicación de las nuevas tecnologías, ventanilla única, formación continua, etcétera. Puestos a no tener ideas claras, no he sabido responder a la pregunta de un buen amigo que quería mi opinión sobre el informe que acaba de dar a conocer el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) relativo al número de empleados públicos autonómicos y en el que Andalucía aparece como la Comunidad con mayor número de funcionarios a enero de 2001.

Para intentar formarme una opinión, siquiera aproximada, me he puesto a hacer algunas cábalas con los números del MAP y he obtenido unos resultados que me han sorprendido profundamente porque no cuadran con varias ideas muy difundidas sobre nuestra función pública. Para empezar, no resulta extraño el dato de que Andalucía sea la Comunidad Autónoma con más funcionarios, 207.142, pues no en vano es la más poblada y la segunda, en extensión territorial. Ahora bien, sí que sorprende que ocupe también el primer puesto en cuanto a la relación de empleados públicos sobre población: nada menos que un funcionario por cada 35 habitantes, muy lejos de los 50 a los que sale cada funcionario catalán. Ni siquiera el País Vasco, con fama de saturación de funcionarios, policía autonómica incluida, nos alcanza ya que se queda en 37 habitantes por funcionario; igual que Galicia, con una Administración frecuentemente acusada de estar repleta de funcionarios debido al clientelismo allí imperante.

El primer comentario de estos datos que a uno se le ocurre es el de señalar que la función pública andaluza no anda tan escasa de personal como normalmente se suele decir, más bien al contrario pues tiene más funcionarios que las Comunidades con similar -cuando no superior- nivel de competencias. Pero como quizás la comparación funcionarios-población no sea muy relevante por sí misma, he hecho otra tomando como criterio la relación entre los funcionarios y el Presupuesto y me vuelve a dar un resultado que, en principio, no parece favorable para Andalucía: mientras que cada funcionario catalán 'gestiona' 17.700.000 pesetas de su Presupuesto para el 2001, un andaluz sólo lo hace con 13.700.000 pesetas. También nos ganan vascos y gallegos (15,1 y 15,2 millones por funcionario cada uno). Y creo que ni siquiera nos cabe el consuelo, tan usado habitualmente, de referirnos a la pésima financiación de nuestra Comunidad pues al dividir los presupuestos autonómicos por el total de población se advierte que cada andaluz toca a 387.957 pesetas, mientras que los catalanes se quedan cada uno sólo con 355.920 pesetas; aunque vascos (410.198) y gallegos (411.627) salen bastante mejor parados.

Naturalmente, no se pueden sacar conclusiones rotundas del hecho de que en Andalucía tengamos el mayor número de funcionarios per cápita y que al mismo tiempo, su 'gestión presupuestaria' sea la más baja entre las Comunidades de máxima autonomía; ya que para hacerlas deberíamos estudiar otros muchos datos, comenzando por la distribución interna del número de funcionarios; no es lo mismo, por señalar sólo una posibilidad, que la mayor densidad de funcionarios andaluces se deba a una mayor proporción de escuelas públicas aquí que en las otras nacionalidades, como que la razón sea una saturación de los servicios centrales. Sin embargo, me atrevo a adelantar una hipótesis provisional, siquiera sea tanto con la intención de contestar a mi amigo como con la de animar a alguien más preparado a hacer un análisis de nuestra función pública: ahora que los partidos se aprestan a estudiar los retos esenciales de la Comunidad, quizás deberían de incluir en su agenda una reforma de la función pública que nos permita lograr el mismo grado de eficacia y productividad que el que parecen haber alcanzado ya otras Administraciones autonómicas.

Agustín Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.