La Delegación del Gobierno regularizará a más de 30.000 inmigrantes

La Delegación del Gobierno en Cataluña regularizará la situación de más de 30.000 inmigrantes antes del próximo mes de enero en una medida de choque para acabar con el colapso de la Oficina de Extranjería de Barcelona. Las regularizaciones extraordinarias del año pasado y las protestas de los inmigrantes en febrero originaron un alud de solicitudes de regularización, muchas de las cuales continúan pendientes de resolución.

Para acabar con este colapso, la Oficina de Extranjería se ha dotado de un nuevo programa informático y de más personal, dos medidas que los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes venían exigiendo desde hace dos años. Según el director de la Oficina de Extranjería, Eduard Planells, la plantilla de este servicio se ha incrementado notablemente y en la actualidad está formada por 190 personas, de las que 171 son funcionarios.

Desde la incorporación del personal de refuerzo hace unas semanas, el ritmo de resolución de expedientes ha aumentado hasta llegar a las 1.000 diarias. Pero esto no ha acabado con las colas ante la Delegación del Gobierno, ya que centenares de extranjeros continúan acudiendo diariamente a este servicio para presentar nuevas solicitudes.

El Consejo de Trabajo de la Generalitat, organismo que reúne a sindicatos y patronales, acordó ayer solicitar al Gobierno central que el próximo año puedan entrar en Cataluña 14.371 inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en determinados sectores. Este cupo fue pactado por la Generalitat, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal Pimec-Sefes, que reúne a la pequeña y mediana empresa. El acuerdo no contó con el apoyo de Fomento del Trabajo, que defendía la entrada de 33.000 inmigrantes para cubrir puestos de trabajo en la construcción y el sector servicios, entre otros.

La cifra de 14.000 extranjeros, que no incluye a los trabajadores domésticos, contenta a los sindicatos y a los pequeños empresarios, quienes alertan del aumento del paro en Cataluña y dudan de que falte más mano de obra. También les preocupa el creciente número de inmigrantes en situación irregular. Consideran que antes de dar entrada a nuevos inmigrantes debería garantizarse el empleo de los que ya están en Cataluña y no pueden hacerlo por falta de un permiso de trabajo.

En este punto coinciden con la Delegación del Gobierno en Cataluña, cuyos responsables son partidarios de que no entre ningún nuevo inmigrante a través de los cupos. La fijación de estos contingentes es un mecanismo previsto en la Ley de Extranjería para regular la entrada de inmigrantes en función de la demanda del mercado laboral. La decisión sobre este contingente la toma el Consejo Superior de Política de Inmigración después de reunirse con los gobiernos autónomos, aunque las peticiones de éstos no son vinculantes.

Después de la reunión del Consejo, el titular de Trabajo, Lluís Franco, explicó que se habían desoído las peticiones de Fomento porque 'hay personas en Cataluña que están buscando trabajo, y hay que intensificar las medidas para que puedan encontrarlo'. Con el fin de conseguirlo pidió que las oficinas de Extranjería, dependientes del Ministerio del Interior, agilicen su trabajo. Tanto Pimec-Sefes como UGT consideraron positivo el acuerdo.