Los 'niños de la calle' son repatriados sin éxito hasta cinco veces

¿Sirve de algo repatriar a los niños inmigrantes que viven en la calle? Definitivamente no. Así lo revela un estudio del Casal d'infants del Raval y la Fundación Jaume Bofill, según el cual los niños que son repatriados y entregados a sus padres regresan a Barcelona hasta cinco veces tras ser expulsados. El informe pide más recursos sociales y juzga de inconstitucional la voluntad del Gobierno de CiU de encerrar en centros a estos menores.

El informe, elaborado mediante entrevistas personales realizadas a 50 niños y adolescentes desamparados, explica que la mayor parte de los repatriados encuentran el sistema para regresar a España pocos meses después de su expulsión. Los menores desamparados se han convertido en un importante problema para las administraciones por la sensación de inseguridad que generan entre los ciudadanos.

Las administraciones creen que los últimos dos años han vivido en Barcelona unos 350 niños desamparados, aunque actualmente hay un centenar. Su perfil está muy definido: Son adolescentes de entre 15 y 16 años, proceden de la ciudad de Tánger (Marruecos) y no suelen tener referentes familiares en España. En el caso de tenerlos se trata de hermanos que no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos.

Otra característica que define a los niños es su gran movilidad dentro de España, lo que dificulta el trabajo de los educadores que los atienden. Según una de las autoras del informe, Irma Rognoni, 'los niños se desplazan en función de los rumores que se pasan entre ellos. Si saben que en Madrid se les da más ayudas que en Barcelona, no dudan en marcharse'.

El 35% de los niños encuestados llegaron a Barcelona en 1999, año en que estalló la alarma social por los hurtos y pequeños delitos provocados por algunos de estos menores. Pese a que el fenómeno es bastante reciente, algunos de los menores encuestados afirman haber llegado a Barcelona en 1995 o 1996.

Con estos datos en la mano, la Fundación Jaume Bofill reclamó ayer un mayor esfuerzo en políticas de tutela y educación para estos menores y rechazó de plano los cambios que quiere introducir el Gobierno catalán en la ley de Protección del Menor. Esta ley prevé restringir la libertad de aquellos menores desamparados que hayan transgredido las normas sociales. La indefinición de este concepto hace pensar a los responsables de la fundación que la reforma de esta ley podría ser inconstitucional.

Uno de los autores del informe, Jaume Funes, considera que 'la ley actual aporta todas las respuestas necesarias, pero faltan recursos y, sobre todo, voluntad política para aplicarla'.