Abortos: indultos no, por favor

Al aborto, controvertido y sempiterno tema de cualquier agenda electoral y política de aún muchos países, le queda un largo camino por recorrer hasta su inevitable y necesaria normalización a nivel mundial. Prueba de ello son los 50.000.000 de abortos anuales que se realizan en el planeta, de los cuales 20.000.000 se practican en condiciones infrahumanas e infrasanitarias: agujas, hierbas tóxicas, venenos, pociones mágicas, instrumentos cortantes o afilados y un largo etc., de métodos todos ellos inseguros y peligrosos para la vida de la mujer, los cuales provocan más de 80.000 muertes anuales de mujeres jóvenes y otras tantas secuelas físicas y psíquicas, esencialmente en los países del Tercer Mundo, donde o es ilegal o se hace la vista gorda ante su cotidiana práctica.

El aborto ha existido desde que existe la humanidad. Y es imperiosa su normalización a nivel mundial porque somos 6.000 millones de seres los que habitamos el planeta tierra y los diferentes métodos anticonceptivos no están al alcance de más de 2/3 partes de la población mundial. Y aún cuando lo estuvieran, estos no son perfectos y fallan frecuentemente. Así pues, normalizar el derecho al aborto a escala planetaria es una necesidad social por razones de pura supervivencia.

Doy por descontado que la primera razón por la que debe normalizarse el aborto es el respeto a la decisión de la mujer sobre su libre maternidad. Y en este sentido, hay que remarcar que uno de los principales indicadores de satisfacción sexual y social de una sociedad libre, es la existencia o no de una normativa que regule el democrático ejercicio de este derecho.

La firme oposición de la Iglesia, de sectores conservadores del capital y de la derecha en general a la difusión a nivel planetario de la famosa píldora abortiva conocida como RU-486, no es casualidad, si no que ellos son conscientes del gran paso adelante de libertad, autonomía e independencia que este revolucionario fármaco representa para las mujeres. Además este método farmacológico de aborto tiene un valor capital sobreañadido en aquellos países donde la mortalidad por aborto es más alta (África, América Latina, Asia etc.) ya que si el mismo estuviera al alcance de la población se podrían salvar anualmente decenas de miles de vidas de mujeres jóvenes en edad fértil que fallecen por aborto inseguro. La primera causa de ingreso hospitalario en los hospitales maternales de estos países sigue siendo el aborto infectado complicado. Y así era en España también hasta la aparición de la actual ley sobre el aborto hace ahora 16 años. Hoy día, podemos afirmar con satisfacción que son más de 10-15.000 mujeres las que han salvado su vida en nuestro país desde entonces.

Ahora bien, la actual legislación sobre el aborto está caduca, desfasada y solamente sirve para encubrir de manera falaz e hipócrita una realidad y una necesidad de la sociedad española: la del aborto por libre decisión de la mujer, tal y como acontece en todos los países europeos de Pirineos para arriba (excepto las preconciliares Irlanda y Portugal, claro). En estos países de la Comunidad Europea a la cual España pertenece, hace ya más de 20-25 años que no se da lógicamente ningún juicio contra mujeres o médicos por aborto, ya que en ellos, sus respectivas legislaciones en esta materia respetan de manera clara y sin dudas la dignidad y la voluntad de la mujer y autorizan el aborto por libre decisión de las mujeres.

Por el contrario en nuestro país, nuestras conciudadanas son consideradas por la actual legislación como una especie de seres inferiores, más o menos desequilibrados mentalmente y que por tanto necesitan del paternal permiso o autorización de un psiquiatra para poder ejercitar su constitucional derecho a planificar su maternidad. Dicho de otra forma, dado que el 98,5% de los 60.000 abortos que se declaran anualmente se acogen al supuesto legal de 'grave peligro para la salud psíquica de la mujer', tenemos en nuestro país unas 58.000 mujeres medio enfermas mentales cada año.

La actual legislación cumplió su papel político en los primeros años de la transición, pero en la actualidad sirve de tapadera para hacer realidad una incontestable necesidad de nuestra sociedad tal cual es el derecho al aborto libre y voluntario, sin autorización o indicación de nadie. Es por tanto un insulto a nuestras conciudadanas, y a los que nos sentimos solidarios con ellas también, que un psiquiatra les tenga que dar permiso por escrito para abortar, porque las mujeres que abortan ni están locas, ni necesitan permiso de nadie, sencillamente desean interrumpir su embarazo por múltiples e importantes razones casi siempre de carácter social y personal: carencia de medios económicos suficientes, falta de pareja estable etc.

En este sentido, la nueva ley sobre aborto que presentó el PSOE a votación al Parlamento hace unas semanas, es peligrosísima, ya que aún recogiendo el sentir de esta necesidad social, introduciendo un 4º supuesto para abortar que sería el de necesidad social va a provocar sin lugar a dudas la misma situación que vivimos de persecución judicial y de falta de respeto a la mujer con la actual ley, porque con esa ley aprobada no será el psiquiatra el que diga si puede o no abortar, si no que será el trabajador social o similar con la declaración de la renta de la mujer en la mano, el que lo haga. En ese sentido, estaremos en una situación igual o peor que la actual, sólo que el juez en lugar de preguntarse si la mujer estaba suficientemente loca, como para interrumpir su embarazo, se preguntará si la mujer tenía dinero suficiente o no para tener a su vástago.

Por todo esto si queremos respetar de verdad a la mujer y a nosotros mismos, y que finalice para siempre la actual persecución judicial contra mujeres y médicos, tenemos que promulgar una ley similar a las euro-comunitarias, en las que no se contemplan valoraciones, ni indicaciones, si no plazos y voluntades. Justo y lógico es que si modificamos legislaciones para unificar criterios dentro de la Comunidad: política financiera, espacio judicial único etc., también se unifiquen legislaciones en materia de aborto.

Es necesario dotar a nuestro país de una legislación de aborto acorde con los tiempos en los que estamos. En la que el aborto voluntario salga del Código Penal y se contemple la decisión de las mujeres de abortar.

Los indultos sólo sirven para perdonar a alguien que delinquió y cuando se convierten en la norma, como es en el caso del aborto en nuestro país, sólo están expresando diafanamente la invalidez de la ley que regula aquello que indulta. Así pues rogamos públicamente a todas las asociaciones, grupos y partidos que se abstengan de solicitar nuestro indulto, por que no lo vamos a aceptar, dado que no hemos cometido delito o pecado alguno que no sea el de luchar por los derechos de nuestras conciudadanas.

Josep Lluís Carbonell i Esteve es doctor en Medicina y Cirugía y vicepresidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para IVE (ACAI).