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El PP rectifica y retira del Congreso una amplia reforma de los planes de pensiones

Varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento fueron anuladas en menos de 24 horas

El PP ha dado marcha atrás y, de un día para otro, ha retirado del Congreso una serie de enmiendas que contenían una amplia reforma de la actual legislación sobre fondos de pensiones. Las modificaciones afectaban, sobre todo, a los planes de empleo (entre la empresa y sus trabajadores) y se incluían dentro del proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002. Las enmiendas se presentaron el 26 de octubre por la tarde y se retiraron a la mañana siguiente, porque el Ministerio de Economía quiere que las reformas entren a formar parte del pacto social que preparan empresarios y sindicatos. Si no hay acuerdo, Economía mantiene la intención de incluir esas enmiendas en el trámite del Senado.

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Se trata de siete enmiendas que pretendían modificar la Ley de Planes y Fondos de Pensiones del año 1987, con la particularidad de que una de ellas, junto con su justificación, ocupa nada menos que 23 folios. La reforma afectaría a los artículos de mayor calado de esa ley y mantendría la tradición durante el Gobierno del PP de utilizar la Ley de Acompañamiento como cajón de sastre para impedir un debate parlamentario específico, según ha denunciado en reiteradas ocasiones la oposición.

Entre las modificaciones propuestas se encontraban las siguientes: los sindicatos perdían la mayoría en las comisiones de control de los planes de empleo; se dejaba al margen de la negociación colectiva la posibilidad de establecer subplanes dentro de una misma empresa con diferentes aportaciones, por ejemplo, para directivos; se permitía cobrar la prestación en caso de despido y no sólo en la jubilación o en la situación de paro de larga duración, y se impedía trasladar los derechos a otra empresa en caso de marcha voluntaria, entre otras modificaciones.

Las enmiendas fueron presentadas a última hora de la tarde del pasado día 26 de octubre en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular 'por error', según explica uno de sus diputados. Fueron retiradas a la mañana siguiente porque 'se decidió dejar que los cambios se produzcan por consenso entre empresarios y sindicatos', añade la misma fuente.

Lo que se pretende con la rectificación es dejar margen para que la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO alcancen acuerdos en lo que respecta a los planes de empleo. El contexto sería el acuerdo interconfederal que el Gobierno y las fuerzas sociales preparan para antes de final de año. El Ministerio de Economía quiere tener las propuestas sobre la mesa durante este mes de noviembre.

Haber seguido adelante con la reforma al margen de ese proceso habría enrarecido el ambiente, según reconocen en el Ministerio de Economía. El sindicato CC OO le había hecho llegar al equipo del vicepresidente Rodrigo Rato su malestar por el contenido de las enmiendas que se preparaban. La central que dirige José María Fidalgo lo habría considerado como una vulneración del reciente acuerdo de pensiones, donde se remitía la reforma de los planes privados a una nueva negociación.

La intención de Economía es, en cualquier caso, fomentar los planes de pensiones de empleo como fórmula de contención salarial y de garantía del sistema público. Por ello, si el acuerdo con las fuerzas sociales no llega a buen término antes de final de año, las modificaciones se incluirán en el trámite del Senado. Uno de los principales escollos para el desarrollo de los planes de pensiones ha sido la composición de las comisiones de control, que Economía quiere hacer paritarias entre empresarios y sindicatos.

La reforma se añadirá a las medidas fiscales de fomento de los planes de pensiones (véase cuadro adjunto) que ya están incluidas en el proyecto de Ley de Acompañamiento. Las principales son que se elimina uno de los límites de aportación para todo tipo de planes y que se permite simultanear un plan de empleo con uno individual. La intención de Economía para la reforma que prepara es, además, permitir a los planes individuales invertir en depósitos bancarios, obligar a que se informe al titular cada tres meses de la evolución del plan y crear la figura del defensor del partícipe, entre otras modificaciones.

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