El Gobierno olvida el mandato del Congreso para reformar el museo militar de Montjuïc

No parece que algunas decisiones del Congreso de los Diputados tengan mayor efecto que el de ocupar unas horas de sus señorías y llenar las páginas de los periódicos o los espacios de los medios de comunicación audiovisual. Tal es el caso del mandato, aprobado por unanimidad hace ocho meses, para que el Gobierno elabore una ley sobre el museo militar ubicado en el castillo de Montjuïc, en Barcelona, y derogue de esta forma la que rige en la actualidad, que data de 1960. Ninguna de las fuentes consultadas, incluido el Ministerio de Defensa, tiene noticia de que el Gobierno haya movido un dedo para cumplimentar un acuerdo que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión de defensa del Congreso, incluido el del Partido Popular.

La decisión parlamentaria fue adoptada al final de un tenso debate propiciado por Esquerra Republicana (ERC) con el propósito de que se tomaran medidas para 'evitar la exhibición', en el citado museo, 'de objetos del régimen militar franquista con emblemas de ideología nazi y fascista', según consta en el diario de sesiones del Congreso. El diputado proponente, Joan Puigcercós, informó a los restantes miembros de la comisión de unos hechos que habían colmado el vaso de su paciencia: 'En la tienda del museo se venden con finalidades comerciales y de difusión ideológica una serie de objetos (encendedores, llaveros, etcétera) con insignias fascistas, no sólo franquistas sino también del Tercer Reich'.

Había llegado el momento, en opinión de Puigcercós, de acabar con una situación 'anacrónica' que duraba desde hacía más de 40 años, cuando fue aprobada la ley -y el reglamento que la desarolla- que establecía la creación 'de un museo que recoja la aportación de Cataluña a las gloriosas efemérides de carácter nacional, el enaltecimiento del recuerdo y la lección de los caídos por Dios y por España y la conversión del recinto en lugar de veneración y alegría'. Un recinto, según recordó con amargura el diputado, 'en el que fue fusilado Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya en los años treinta'.

En sucesivas intervenciones, convergentes y socialistas coincidieron con el portavoz republicano en el análisis de la situación y en su voluntad de acabar con tal estado de cosas, aunque ello debía hacerse con medidas menos radicales que las propuestas por aquél. Había que elaborar una nueva ley, sí, y desarrollar un nuevo proyecto museográfico, también, pero sin cerrar el museo como proponía ERC.

Puigcercós había defendido su propuesta aludiendo a la clausura, en Barcelona, de la librería Europa 'después que se denunciara que en dicho establecimiento se difundía material nazi y fascista'. 'Lo que no se entendería de ninguna manera', argumentó el diputado, 'es que se cerrara una librería que vende este tipo de parafernalia y se mantuviera abierto un museo en el cual se exhibe y se vende material muy similar'.

Todo marchaba según lo previsto en la reunión -las intervenciones de los distintos portavoces indicaban a las claras que un texto de consenso se acabaría forjando en los pasillos, instantes antes de la votación- hasta que tomó el micrófono el representante del Grupo Popular.

El 'señor Moreno Bustos'

El partido que sustenta al Gobierno había confiado para la ocasión en el diputado por Zaragoza Ramón Moreno Bustos. El 'señor Moreno Bustos', por nombrarlo como hizo el presidente de la comisión al darle la palabra, había nacido cuando el Museo Militar de Montjuïc llevaba ya unos años abierto, circunstancia que se daba también en el caso del 'señor Puigcercós i Boixassa'. Pero eso no pareció importarle al político conservador, que llevado quizá a engaño por la espesa barba que poblaba el rostro del republicano e ignorante, al parecer, de que éste era incluso unos meses más joven que él, inició su intervención con las siguientes palabras: 'Algunos, será debido a nuestra edad, cuando escuchamos los argumentos de algún grupo de esta Cámara, parece que oímos hablar al abuelo contando, en el salón de casa, al lado de la chimenea, batallitas de hace muchos años, que hacen posible la existencia del abuelo a través de un recuerdo que a veces nada tiene que ver con la actualidad y posiblemente sea todo menos objetivo e imparcial'. Y dirigiéndose todavía al representante de Esquerra, agregó: 'Puedo entender que haya grupos que, a falta de iniciativas, de soluciones a los problemas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos y de respuestas a las inquietudes del hoy y del mañana, y no las del ayer, no tengan otra cosa que proponer que el cierre de un museo con el que la mayoría de los catalanes están de acuerdo'.

No acertó a explicar el diputado por Zaragoza y portavoz popular en qué datos sustentaba tan rotunda afirmación sobre el parecer de los catalanes. Pero daba igual. A estas alturas del discurso, sus oponentes ya estaban que trinaban: Puigcercós lo llamó 'cachorro franquista' -epíteto que acabaría retirando- y el 'señor Nieto González', diputado por Ávila que defendía las tesis socialistas, lo tildó de 'frívolo'. Y eso que entre el discurso de aquél y la reacción de los otros hubo un tiempo muerto, por exigencia del presidente de la comisión, que seguramente moderó la respuesta -así lo reconoció el 'señor Maldonado Gili', representante de CiU, que se declaró 'triste y dolido'- y permitió, además, hallar un texto de consenso que apoyó incluso el representante del Partido Popular.

Un texto por el que se 'instaba' al Gobierno 'a elaborar' una nueva ley que acabe con la que rige desde 1960 y 'a organizar los fondos del museo con criterios historiográficos modernos y de acuerdo con los principios de la Constitución española de 1978'.

Ocurrió todo lo dicho el 27 de febero de 2001, hace ya más de ocho meses. Ninguno de los señores intervinientes aquel día, incluido el representante del Partido Popular, consultados durante la semana última por este diario, tiene noticia de que el proyecto de ley solicitado al Gobierno haya sido redactado y menos aún de que vaya a presentarse próximamente a las Cortes para su debate y eventual aprobación.

El Ministerio de Defensa no ha respondido a las preguntas de este diario que, como exigió, le fueron presentadas por escrito el pasado 25 de octubre, jueves, a las 18.55 horas. También el Ayuntamiento de Barcelona, corresponsable de la gestión del museo, ha dado la callada por respuesta a las demandas de información sobre esta cuestión.