'Garzón encarcela a la cúpula de Gestoras, ya que las escuchas prueban que pertenece a ETA

El juez Baltasar Garzón decretó ayer el ingreso en prisión de 11 de los 13 detenidos el pasado miércoles como responsables de Gestoras Pro Amnistía, organización que considera que forma parte de la estructura de ETA y que se dedica a ejercer el control y financiación del 'frente de makos' (cárceles) de la banda terrorista. Garzón, a petición del fiscal Enrique Molina, acordó su ingreso en prisión, basándose en el contenido de las intervenciones telefónicas a las que desde hace tiempo se ha visto sometida la cúpula de Gestoras y cuyas transcripciones ocupan dos cajas.

Gaizka Larrinaga, que fue detenido cuando realizaba fotocopias en la sede de Gestoras en Bilbao quedó en libertad sin llegar siquiera a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional. De los otros 12, Alejandro Belasco, arrestado en Navarra, quedó en libertad sin cargos porque no se hallaron en el registro de su domicilio pruebas de su vinculación con Gestoras, sólo aparecía citado en tres conversaciones telefónicas grabadas por la policía (con orden judicial) y en todo caso de manera 'poco intensa'.

Los 11 restantes ingresan en prisión incondicional a petición del fiscal en atención a la apariencia delictiva de los hechos, la gravedad de la pena a imponer, la posibilidad de reincidencia y el riesgo de fuga en tanto que les podría corresponder una pena de 12 años de cárcel.

Ninguno de los otros arrestados quiso declarar ante la policía ni ante el juez, siguiendo la estrategia que ellos mismos marcan a los etarras cuando son detenidos, a pesar de que el juez les levantó la incomunicación y pudieron comparecer asistidos por sus letrados. Se limitaron a negar que pertenezcan a ETA y a señalar que su actividad es política pero no respondieron ninguna pregunta relacionada con Gestoras pro Amnistía. Sus letrados arguyeron en su oposición al encarcelamiento que sus defendidos son víctima de una 'persecución política de todo lo vasco y lo nacionalista'.

Las conversaciones que les habían sido grabadas demuestran, según fuentes de la investigación, que la actividad de Gestoras excede con mucho de la ayuda humanitaria que dicen prestar a los presos, para convertirse en un frente de lucha más de la organización terrorista ETA, pasando y recibiendo comunicaciones entre los internos y la dirección de la banda, transmitiendo consignas e instrucciones y organizando iniciativas de lucha como huelgas de hambre rotatorias entre los presos o estigmatizando a directores de cárceles o funcionarios de prisiones que supuestamente infligirían malos tratos a los reclusos de ETA.

Los tres primeros en comparecer ante el juez fueron Julen Larrinaga, Jagoba Terrones y Jon Beaskoa, todos ellos detenidos en Bilbao. Por la tarde comparecieron Juan Antonio Madariaga, dirigente del colectivo de familiares de los presos Senideak; Julen Zelarain, Gorka Zulaika, Ainhoa Irastorza, Aratz Estomba, Josu Beaumont, Alejandro Belasco, Iker Zubia y Maite Díez de Heredia.

Mientras tanto, los investigadores siguen analizando el material y los documentos incautados en los registros domiciliarios y en las sedes de Gestoras de Hernani (Guipúzcoa), Bilbao, Vitoria o Pamplona.

Respecto a la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por once abogados de Gestoras cuyos despachos fueron registrados, fuentes de la investigación destacaron ayer que en el registro de la sede principal de Gestoras, un edificio de cuatro plantas en Hernani, estaba presente Julen Zelarain, uno de los letrados. Éste confirmó que la segunda planta del inmueble, donde se practicó el registro, era parte de la sede de Gestoras, y que también allí trabajaban los abogados. Los investigadores optaron entonces por precintar los ordenadores y trasladarlos a Madrid para su estudio. Por tanto, ahora se trata de dilucidar qué parte de los ordenadores pertenece a los abogados y cuál es de Gestoras. Fuentes jurídicas precisaron que los ordenadores no se han abierto todavía y que previsiblemente se llamará hoy a los abogados para hacerlo.

Las estrategias de defensa de presos de ETA no interesan a los investigadores y además están amparados por el secreto profesional y el derecho de defensa, pero no así aquellos documentos que puedan revelar que los letrados coordinan el frente de cárceles y que imparten a los presos instrucciones de la dirección de la banda, pues esa actividad ya supone, cuando menos, una colaboración con banda armada.