Once abogados de presos denuncian ante la Audiencia Nacional el registro y cierre de sus despachos profesionales

Las Gestoras pro Amnistía anunciaron ayer que 11 abogados que trabajan para esa organización y cuyos despachos fueron registrados en el curso de la operación policial del pasado miércoles han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, además de pedir el amparo de los colegios profesionales de Guipúzcoa y Navarra. El organismo de apoyo a los presos de ETA anunció una iniciativa, que no concretó, con la que intentará 'recuperar' para esa defensa a 'amplios sectores de la sociedad vasca' que en los últimos años se implicaron en ella. Gestoras podría referirse a una gran manifestación como la celebrada en enero de 1999 en Bilbao, durante la vigencia del Pacto de Lizarra, o a las actividades de la plataforma Batera, en la que participaron también el PNV y EA.

El grupo de apoyo a presos de ETA afirmó que los despachos continúan cerrados y que sus titulares ignoran el material del que se incautó la policía y no pueden desarrollar su trabajo. Una nota de Gestoras pro Amnistía denunció que los registros fueron ilegales, ya que no existe ninguna acusación contra los abogados, aseguran, y la policía no respetó el derecho al secreto profesional. Los registros y cierre de los despachos se produjeron en la operación policial dirigida por el juez Baltasar Garzón, desarrollada en la madrugada del miércoles, y que se saldó con la detención de doce responsables de las Gestoras pro Amnistía y del portavoz de la asociación de familiares de presos de ETA, Senideak. Éstos empezaron a prestar declaración ayer por la tarde ante el juez Garzón.

Gestoras pro Amnistía señaló que la Policía Nacional 'tenía que saber' que parte de las dependencias que registraban eran despachos de abogados, por lo que su acción estaba 'fuera de la ley'. Los despachos se hallaban ubicados en el interior de los mismos locales que ocupa Gestoras pro Amnistía.

Los afectados han pedido a los colegios de abogados de Guipúzcoa -donde están colegiados diez de ellos- y de Navarra, al que pertenece otra letrada, que tomen las medidas necesarias para que los afectados puedan volver a sus lugares de trabajo. El coordinador de la Mesa Nacional de Batasuna, Joseba Permach, contextualizó las detenciones en el proceso de 'criminalización' de la izquierda abertzale que 'amplios sectores del PP, del PSOE, medios de comunicación, jueces y fiscales' llevarían a cabo aprovechando el clima internacional tras los atentados en EE UU del 11 de septiembre.

Por otra parte, un grupo de 14 familiares de presos de ETA se encerró en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián, para solidarizarse con los detenidos. Uno de ellos, Gaizka Larrinaga, quedó en libertad ayer sin pasar ante el juez.