La Generalitat sólo paga la mitad del coste real de la acogida privada de menores

La atención a los menores desamparados en Cataluña sigue dependiendo en buena medida de fundaciones privadas, servicios de voluntariado y asociaciones benéficas. Así lo revela un informe de la Federación de Entidades de Atención y Educación de la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), que afirma que la gran mayoría de las entidades que acogen menores por encargo de la Generalitat sólo perciben el 50% del coste real del servicio que prestan. El resto se financia con aportaciones privadas y servicios de voluntariado.

En los últimos tres ejercicios, el Departamento de Justicia, del que depende la tutela de los menores cuyos padres han perdido definitiva o temporalmente la custodia, ha incrementado las subvenciones a estas entidades en porcentajes inferiores al IPC. La Fedaia, que agrupa al 80% de los centros que colaboran con la Generalitat y que dispone de 1.300 de las 1.800 plazas destinadas a menores, recurrirá a la vía judicial si el Departamento de Justicia no dota de suficientes recursos a los centros concertados y no homologa las subvenciones, pues 'unos centros reciben el triple que otros por la prestación de idéntico servicio'.

Las diferencias son abismales, según Fedaia, si se comparan los centros concertados con los de la propia Generalitat. 'El presupuesto de estos últimos para el 2001 es más de cuatro veces superior al previsto para los centros colaboradores', afirma la entidad en un requerimiento presentado ante el consejero de Justicia, Josep Guàrdia, en el que se pide que el departamento sufrague a las entidades privadas el 100% del coste del servicio prestado.

Centros clausurados

'Si la Generalitat opta por la fórmula de los convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, debe proporcionar a éstas los recursos económicos adecuados para prestar el servicio', advierte la Fedaia en el documento dirigido al consejero. Según la federación de entidades, la falta de recursos les ha obligado a cerrar centros y a 'dilapidar' mucho dinero procedente de fundaciones y donaciones particulares.

Pero lo que más preocupa a la Fedaia es la 'discriminación irracional y evidente' que sufren los menores acogidos en los centros colaboradores, ya que la falta de recursos redunda en un empeoramiento de la calidad del servicio. Tradicionalmente, el Departamento de Justicia ha achacado la presencia de menores desamparados en la calle a la negativa de éstos a ser acogidos. 'Si los centros contaran con más recursos, probablemente aceptarían las ayudas', afirman en la Fedaia.

Las entidades concertadas señalan en este sentido que la Generalitat destina 40.108 pesetas diarias a cada una de las 501 plazas de los centros residenciales de su propiedad, mientras que las 1.363 plazas concertadas tan sólo le cuestan al Departamento de Justicia 9.882 pesetas por día cada una.

La directora General de Atención al Menor, Anna Solé, reconoció la existencia de importantes diferencias entre la dotación de los centros públicos y los concertados. 'Acceder a las peticiones de la Fedaia supondría destinar 8.000 millones de pesetas anuales más a este concepto, el doble que actualmente', lo que por ahora es imposible, según Solé. Sin embargo, Justicia alerta de que los menores atendidos son cada vez más conflictivos y necesitan más recursos.