La Comisión Europea advierte a Francia por el acuerdo aéreo alcanzado con EE UU

La Comisión Europea calificó ayer de lamentable que, ante la grave crisis que atraviesa el sector aéreo europeo, algunos países europeos negocien por su cuenta nuevos acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, al que acusan precisamente de prácticas predatorias. Bruselas amenaza con llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el último de estos pactos bilaterales (permiten a dos países gestionar su espacio aéreo), firmado el viernes por EE UU y Francia en nombre de sus compañías Delta y Air France. Bruselas los considera discriminatorios.

'Estamos estudiando un procedimiento contra Francia, como se ha hecho desde hace varios años con otros países que ya tenían acuerdos de ese tipo', declaró ayer el portavoz de la comisaria de Transporte, Loyola de Palacio. Bruselas cree que estos pactos, que permiten a las aerolíneas programar vuelos internacionales, son discrimatorios. 'Tenemos un mercado único en el interior y un mercado completamente dividido frente al exterior'.

Al final de la semana pasada, Air France llegó a acuerdo bilateral con Delta en el marco de la alianza Sky Team para empezar a aplicar medidas que tenían previstas para 2003. Y se le ha sumado British Airways, que está envuelta ahora en un proceso similar con American Airlines, cuyo objetivo es liberalizar los servicios aéreos entre el Reino Unido y Estados Unidos. Los anuncios se producían apenas unos días después de que los ministros europeos de Transportes acusaran a las compañías estadounidenses de utilizar el dinero público para rebajar las tarifas en las rutas transatlánticas en lugar de emplearlo en aliviar su crisis tras los atentados del 11 de septiembre.

En esa reunión de los Quince también se denegó a la Comisión la posibilidad de negociar en nombre de la UE un acuerdo para el establecimiento de un espacio aéreo transoceánico que permita a las compañías de uno y otro lado del Altántico operar en igualdad de condiciones. 'Estamos ante una paradoja', indicó el portavoz. 'Los Estados dijeron que sería bueno que Europa actuara de forma concertada frente a las ayudas de Estado concedidas en EE UU y el viernes se firman acuerdos ya suscritos por otros vecinos, pero que plantean los mismos problemas que los precedentes', añadió.

La división entre la Comisión y los Estados miembros es patente. El Ejecutivo comunitario se opone a que los Gobiernos alivien los efectos provocados por los atentados con acuerdos contrarios a las reglas europeas y amenaza con acudir a los tribunales, como ya ha hecho en el pasado. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse a primeros de 2002 sobre las denuncias presentadas contra ocho países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido). Bruselas examina, además, la posibilidad de ampliar la lista a Holanda, Francia, Italia y Portugal.

Sin embargo, 'lo que parece claro es que los Estados miembros obtienen más beneficios a través los acuerdos bilaterales', según los expertos. Es el caso de España, que no ve necesario sacrificar el pacto suscrito con EE UU para concederle los poderes a la Comisión, porque considera que el convenio actual funciona bien pese a la crisis. Pero Bruselas advierte que estos acuerdos bilaterales, además de discriminatorios, son un obstáculo en el proceso de reestructuración del sector europeo.