La juez Palacios devuelve la denuncia sobre los contratos de Julio Iglesias

Toledo debe decidir si la presenta en Valencia

La fiscal Blanca Rodríguez informó que consideraba que los hechos denunciados no habían sido cometidos en el extranjero como Toledo pretendía. El diputado provincial del PSPV Juan Antonio Toledo denunciaba que en 1998 la Generalitat firmó un contrato con el cantante Julio Iglesias para que realizara labores de promoción turística en la Comunidad Valenciana. Las negociaciones, según la denuncia, fueron realizadas personalmente por el presidente del Consell de la Generalitat, Eduardo Zaplana. El contrato estipulaba como retribución una cantidad aproximada de 375 millones y que los gastos serían abonados por la Generalitat a través del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex); sin embargo, luego se supo que el pago se realizó a través de cuentas en bancos suizos a dos sociedades extranjeras, una de las cuales tenía su domicilio social en las Islas Vírgenes, país considerado paraíso fiscal.

Además, el total del dinero gastado por la Generalitat, según la denuncia, ascendió a 1.000 millones de pesetas, aunque sólo se conoce el destino de 375 millones. El denunciante consideraba los hechos como delitos de malversación de caudales públicos, falsedades documentales y delito fiscal, y estimaba que los hechos debían ser investigados por la Audiencia Nacional por tratarse de delitos cometidos por español en el extranjero.

Sin embargo, la Fiscalía y la juez Palacios entienden que los hechos no han tenido lugar en el extranjero, sino en España y que los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad o delito fiscal no son competencia de la Audiencia Nacional. La devolución de la denuncia no impide que Toledo pueda presentarla en el órgano competente, que sería el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana si se considera implicado a Zaplana, o los juzgados de instrucción de la Audiencia de Valencia, si no hay implicado ningún aforado.

Juan Antonio Toledo no quiso ayer realizar ningún tipo de declaración tras difundirse la decisión de la juez Teresa Palacios. El diputado provincial socialista manifestó que hoy tiene previsto desplazarse con su letrado a Madrid para conocer de primera mano los argumentos de la juez y, tras valorarlos, adoptar las decisiones que considere más oportunas para esclarecer la existencia de supuestas irregularidades en el contrato de la Generalitat con el cantante Julio Iglesias.

Por su parte, el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas, acusó a los socialistas de 'hacer el ridículo una vez más' ante la Justicia por presentar una denuncia inconsistente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de octubre de 2001.