Casi 300 empresas vascas se verán afectadas por el endurecimiento de los controles sobre la contaminación

Controlar y reducir las emisiones contaminantes de las empresas vascas es uno de los retos que se ha marcado el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para los próximos años. Por primera vez desde que se formó el Gobierno vasco en el año 1980, todas las áreas y competencias relacionadas con el Medio Ambiente se gestionarán desde una única consejería.

El sector industrial es objeto de especial atención por parte de la política ambiental europea debido a su impacto. En este sentido, el consejero Sabin Intxaurraga (EA) reveló ayer durante su comparecencia ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento que 295 industrias radicadas en la comunidad autónoma se verán afectadas por una directiva de la Unión Europea que endurece el control de la contaminación.

Tres serán las estrategias que el Gobierno aplicará a la industria para contener su aspecto contaminante: mejorar la aplicación de la legislación ambiental, incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente y modificar las pautas de comportamiento.

Intxaurraga también destacó que la política del agua que pondrá en marcha su departamento estará marcada por un uso sostenible. Así, apostó por cambiar el tradicional enfoque de 'oferta' sustentada sobre la base de grandes infraestructuras hidráulicas, por estrategias de 'gestión de la demanda' y de conservación del recurso.

Sabin Intxaurraga espera que el Parlamento apruebe durante esta legislatura la Ley de Aguas, lo que permitirá crear un organismo único de planificación, gestión y obras para toda la comunidad.

En materia de residuos, el objetivo es elaborar dos planes de gestión: uno para los residuos peligrosos y otro para los que no lo son. El Gobierno pretende estabilizar en 290.000 toneladas al año la generación de residuos peligrosos para el año 2006, aumentando las tasas de reciclaje.

Intxaurraga anunció que en un breve plazo de tiempo finalizarán los trabajos de tratamiento de los residuos derivados de la fabricación del pesticida lindane, que el Gobierno viene realizando desde hace seis años. Las actuaciones se han centrado en la planta de tratamiento de Barakaldo y en la celda de seguridad de Argalario.