Andalucía reduce un 60% la venta de dos fármacos al exigir el visado de las recetas

La Junta de Andalucía exige, desde el pasado 14 de agosto, que la inspección médica apruebe las recetas de Vioxx y Celebrex, dos antiinflamatorios cuyas ventas se han disparado desde su entrada en el mercado en 2000 al emplearse indiscriminadamente para tratar contusiones, torceduras de tobillo e, incluso dolores de cabeza. Para ello, los médicos deben justificar, mediante un informe, la prescripción. La medida ha supuesto la reducción de las ventas de estos medicamentos en un 60%, según la Junta, que ha rechazado un recurso de los laboratorios afectados, Merck y Pharmacia.

En España existen tres millones de enfermos de artrosis, de los que 700.000 viven en Andalucía. La Junta gastó en antiinflamatorios en los primeros nueve meses de este año 7.326 millones de pesetas. De ellos, 2.639 millones corresponden a Vioxx y Celebrex. Si funcionan las medidas de control establecidas, el Servicio Andaluz de Salud asegura que puede ahorrar en torno a los 1.700 millones de pesetas al año.

La Junta estableció la necesidad del visado porque los médicos no siempre dispensan los antiinflamatorios con el rigor que debería exigírseles. La popularidad del Vioxx y el Celebrex, vendidos por los fabricantes con la vitola de no acarrear problemas de tipo gástrico (muy frecuentes en los medicamentos con que se tratan la artrosis y la artritis) ha supuesto que muchos médicos y pacientes, con dolencias de otro tipo, los prefieran.

Este éxito también se ha dado en España: en el primer trimestre de 2001, al año de llegar al mercado, sus ventas (8.282 millones) fueron más del 2% del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud.

Pero la buena fama de los fármacos no está carente de riesgos. La Agencia Española del Medicamento (AEM) ya advirtió el 23 de agosto a los Servicios de Salud autonómicos del peligro que correrían ciertos enfermos si se tratasen de forma indiscriminada con estos antiinflamatorios. Unos días antes, la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association alertaba sobre sus riesgos cardiovasculares. 'No debe descartarse la posibilidad, poco infrecuente, de signos o síntomas de hipertensión arterial, palpitaciones, edemas, insuficiencia cardiaca o infarto de miocardio', insistió el 3 de septiembre la AEM.

No aportan nada nuevo

En la misma línea se manifestó el Centro Andaluz de Información del Medicamento, que en un estudio sobre los principios activos de ambos fármacos afirma que 'no aportan nada nuevo' ni 'ventaja alguna' sobre productos similares. También calificaba la experiencia clínica de su administración de 'insuficiente'.

En contra del uso generalizado de los fármacos también actúa su precio (6.727 el Celebrex y 7.434 el Vioxx), casi el doble que un antiinflamatorio como el diclofenaco (cuyo precio de referencia es de 553 pesetas) y un protector gástrico que hay que tomar para evitar los daños del antiinflamatorio como el zantac (3.655 pesetas). Los fabricantes insisten en que el Vioxx y el Celebrex evitan hemorragias y úlceras, lo que compensa su mayor coste.

Al pedir el visado de las recetas de Vioxx y Celebrex, la Junta obliga a que los médicos justifiquen ante la inspección de zona las prescripciones de ambos productos. Pharmacia, que fabrica el Celebrex, y Merck Sharp and Dohme, productora del Vioxx, interpusieron recurso de alzada contra la medida ante el consejero de Salud, Francisco Vallejo, el pasado 4 de octubre y el 10 de septiembre respectivamente. La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía los ha rechazado.

Vallejo considera que el Sistema Andaluz de Salud es competente para tomar las medidas que considere oportunas, si éstas van encaminadas a ejercer un mejor control y uso racional de los medicamentos. Las farmacéuticas afirman que la decisión es 'arbitraria y discriminatoria'. Acusan al Servicio Andaluz de Salud de 'abuso de poder' y añaden que 'la resolución es nula de pleno derecho por haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido', que incluye la consulta a las empresas. Los laboratorios han anunciado que recurrirán a la vía contencioso-administrativa.