La Universidad ante los dictados de la Moncloa

Menos de acoso sexual, en los últimos meses se ha acusado de todo a los profesores y profesoras de la Universidad española. 'Irresponsables, corporativos y mal seleccionados', titulaba con amarga ironía nuestro compañero Joaquín Azagra uno de sus últimos artículos referidos al tema, aparecido en las páginas valencianas del diario EL PAÍS (2.04.01). Ahora le ha llegado el turno a los rectores, los cabecillas de los grupos que han gobernado las diversas universidades durante los últimos años, 'grupos cuya existencia se debe a la ley que se pretende derogar', que tronaba más que decía don Gabriel Tortella en junio pasado (EL PAÍS, 9.06.01). Estos jerifaltes, sindicados en la corporativa CRUE, una especie de SEPLA académico, se nos dice ahora, se han amarrado a sus poltronas y se oponen a la obligación de dimitir en cuanto entre en vigor la nueva ley.

Detengámonos un momento y apelemos a la cordura. El Gobierno de España, presidido por don José María Aznar, y con él su ministra de Educación doña Pilar del Castillo, quiere reformar la Universidad. Pues muy bien, en eso coincide con la mayoría de los universitarios, muchos de los cuales (vayamos a las hemerotecas para leer declaraciones, por ejemplo, de la denostada CRUE y de los rectores) hace años que demandamos un buen diagnóstico y una buena terapia para mejorar la enseñanza superior española. Y decimos mejorar, no resucitar. La ciudadanía debe saber que la Universidad española, en contra de lo que machaconamente repiten algunos jactanciosos elitistas, está en la mejor época de su ya centenaria historia. Repasemos algunos datos.

En 1960 menos de cien mil muchachos y muchachas, aproximadamente el 2,5% de los jóvenes entre 18 y 25 años, cursaban estudios universitarios. En la actualidad superan el millón y medio, es decir, suponen más del 30% de las personas comprendidas en esa cohorte de edad. Desde la promulgación de la ley que ahora nos rige, hace dieciocho años, hemos pasado de 750.000 a 1.600.000 estudiantes, de 77.000 a 235.000 titulados y el número de universidades se ha incrementado de 29 a 48, y el de profesores de poco más de cuarenta y dos mil a más de setenta mil. A su vez, el número de las tesis doctorales defendidas anualmente ha crecido de 2.200 a 12.500.

No es necesario memorizar estas cifras, sin embargo. Lo importante, amable lector o lectora, lo que se oculta, parece que interesadamente (¿por qué?), es que España ha pasado en esos poco más de tres lustros de ocupar el puesto vigésimo segundo en el ránking científico mundial a ocupar el décimo segundo. No está nada mal para haberlo conseguido una panda de inanes endogámicos, dirigidos por un gremio de rectores apoltronados. Y no deja de tener su mérito que estemos en ese lugar de la clasificación cuando el gasto por alumno/año en la universidad española es de 5.038 dólares, mientras que la media de los países de la OCDE es de 9.063.

Entonces, se preguntará el lector o lectora no avezado en estas cuestiones, ¿no es cierto que la Universidad es un desastre? Pues no, amigo o amiga, no sólo no lo es, sino que funciona razonablemente bien en nuestro entorno europeo y occidental. Claro que hay problemas, claro que hay mucho que modificar y reparar. Evidentemente, podemos desarrollar, intensificar y perfeccionar el funcionamiento de esta institución. Pero, para hacerlo, debemos ponernos de acuerdo en el catálogo de problemas a abordar. No es honesto por parte del gobierno circunscribirlo a dos asuntos: la selección del profesorado y el gobierno de las universidades.

Los actuales rectores, máximos responsables universitarios y, por tanto, los más interesados en el buen funcionamiento de sus respectivas instituciones, no han rehuído la discusión. Más aún, han presentado una propuesta conciliadora en torno a la selección del profesorado: que los candidatos sean evaluados y acreditados de forma centralizada y que, luego, cada universidad seleccione a los que considere más adecuados entre los que hayan conseguido la habilitación. Es decir, que cada institución opte por aquellos que mejor se acomoden a sus necesidades. Y que lo haga, lógicamente, con criterios que tiendan a la mejora de su docencia y de su investigación.

Por cuanto hace al gobierno de las universidades, la propuesta del Ejecutivo aboga por un tipo de rector de corte presidencialista y relega a colectivos como el PAS, los estudiantes y los profesores contratados, lo cual no sólo es inaceptable, sino torpe, porque atenta contra la convivencia democrática en las universidades. Es como si volvieramos al Antiguo Régimen: el rey (rector), la nobleza (funcionarios doctores) y el pueblo sometido (resto de la comunidad).

Además, a todo ello debe añadirse la obligatoria dimisión de los actuales rectores, incluidos aquellos que pudieran ser elegidos en los meses previos a la publicación de la Ley en el BOE, lo cual es sencillamente delirante. Cuesta trabajo encontrar algún argumento sólido tras esta imposición, por lo que parece altamente verosimil que se trate de una rabieta del equipo ministerial -o de la señora ministra, o del gobierno- ante la actitud de una CRUE que no ha sido suficientemente sumisa a los dictados de la Moncloa.

El informe del Alto Consejo Consultivo para la investigación (ACC) incorpora en la edición de 2001, que será tratada en una reunión a celebrar el 19 de octubre, 'los recursos que atribuyen las universidades a investigación, financiada por la Generalitat mediante los Fondos Generales Universitarios'. Hechas así las cuentas, el Consejo sitúa la financiación pública del Sistema de Ciencia Tecnología Empresa (SCTE) en más de 60.000 millones de pesetas, la mitad en I+D (incluidos, por lo dicho, parte del salario pagado a los profesores universitarios) y la otra mitad en innovación, lo que le lleva a poner de relieve, una vez más, 'la dependencia financiera pública' del sistema. Recomienda nuevas medidas de 'incentivación de la acción investigadora captadora de recursos'. En particular, una posible revisión de la financiación por objetivos de las universidades públicas donde tenga más peso la acción investigadora. En este sentido, científicos consultados por este periódico apuntan que la política más razonable es el aumento del número de investigadores en la medida que ello supone también una mayor captación de recursos.

La propuesta de informe señala 'un cierto grado de saturación' de las universidades en la utilización de sus propios recursos (humanos) investigadores, ante lo que no queda otra solución que la 'incorporación de nuevo personal' que no tiene por qué ser docente, o una mayor 'dedicación investigadora' del personal actual. El gasto universitario en I+D, en cambio, ha ido en aumento: un 12'6 % en pesetas constantes de 1998 a 1999 y un 5% en pesetas corrientes del 99 al 2000.

El ACC sugiere la mecesidad de 'formalizar un mayor grado de cooperación mutua' entre las universidades valencianas y 'la adopción de proyectos conjuntos de naturaleza investigadora', y recomienda la introducción, por parte del Gobierno, de 'algún grado de estímulo para aquellos proyectos, tanto de investigación como de infraestructuras vinculadas a ésta, que se presenten bajo el auspicio común de varias universidades'.

En todo caso, el informe subraya 'un aumento apreciable de la productividad científica en el ámbito de las universidades de la Comunidad Valenciana', sobre todo en proyectos de I+D, pero también en convenios y contratos. A través de un análisis bibliométrico, es decir, de publicaciones (artículos, libros, tesis doctorales y patentes) se detecta que el tipo de soporte documental preferido por los investigadores valencianos son 'los artículos de revista y que existe una tendencia al alza, cada vez mayor, en la publicación de revistas que son recogidas por las bases de datos internacionales'. En este último apartado, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición, tras Madrid y Cataluña. Afinando más aún, el Alto Consejo ha establecido una relación entre el número de publicaciones y el de investigadores en el sector público y llegado a la conclusión de que la valenciana es la segunda comunidad en productividad científica referida a artículos en revistas internacionales, con 5,9 artículos por investigador, después de Cataluña y por delante de Madrid (cuatro artículos).

Por áreas científicas, la producción valenciana se encuentra en tercera posición respecto a otras comunidades en ciencias agrarias y y médicas, mientras que pasa a un cuarto lugar 'en ingeniería y tecnología, ciencias exactas, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades'. Cabe destacar que, de cinco capítulos, el informe del ACC dedica un capítulo entero a la biotecnología en la Comunidad Valenciana, en línea con el Centro Superior para la investigación en Medicina cuya construcción ha anunciado la Generalitat.