El Gobierno canario cierra sus colegios a los profesores de religión por contratación dudosa

'Pataleta y represalia contra los profesores de religión que han logrado consolidar en los tribunales sus derechos laborales', dicen los sindicatos. Un aparatoso caos organizativo, consecuencia del 'bardal jurídico en que han convertido la enseñanza de la religión los obispos, el Ministerio de Educación y la consejería canaria', denuncia un director de instituto. Lo cierto es que el Gobierno de Canarias ha dado la orden de suspender las clases de religión en numerosos centros públicos de la región a los que se presentaron varias personas para el mismo empleo.

La clase de religión en los colegios públicos es voluntaria para los alumnos, pero de oferta obligatoria por parte del centro escolar. Ayer, sin embargo, los más de 350 alumnos que se han apuntado a esa asignatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Arnao, del municipio de Telve (Las Palmas de Gran Canaria), no tuvieron clase. Los dos profesores asignados a ese IES por el obispado y contratados por la Consejería de Educación no pudieron acceder al centro. Lo mismo ocurrió con medio millar de alumnos del IES Ingenio, en el municipio del mismo nombre, que cuenta con tres docentes de religión, y con los 200 chicos que esperaron a su único profesor en el IES Nueva Isleta, de la capital.

Los directores de estos tres centros, al igual que los del resto del archipiélago, tenían orden de no permitir entrar a las aulas a los profesores afectados, siguiendo una 'instrucción' de la Consejería de Educación, firmada por el director general de Personal, Alberto Génova Galván. 'Se recuerda a todos los directores de los centros públicos de enseñanza secundaria', decía esa instrucción, 'que ningún profesor podrá acceder al centro ni impartir clases si no acredita su nombramiento o, en su caso, que ha firmado el correspondiente contrato laboral con la Administración educativa, bien con la exhibición del mismo o de la certificación expedida por el funcionario donde conste que el interesado ya ha suscrito el referido contrato'.

Pero esta escueta y tajante circular de Génova Galán se cumplió a rajatabla sólo con los profesores de religión, sin afectar a los de otras materias, a pesar de que la instrucción no especificaba quiénes eran los que debían ser identificados. Ayer, varios directores afectados por la medida expresaron a EL PAÍS el disgusto de tener que 'ejercer de policía para arreglar un caos del que no somos responsables'.

Un director de IES tuvo que cerrar el paso, incluso, a un profesor de religión que ha ganado en sentencia firme la fijeza en el puesto de trabajo con contrato indefinido. Se trata de Rafael Ramírez Santana, que acudió al instituto Arnao con la sentencia que acredita su situación de fijo en la mano. Pero no pudo dar la clase. 'Es una pataleta y una represalia de la Consejería de Educación, que se empeña en no cumplir las innumerables sentencias ya firmes que está acumulando en su contra', declaró. El profesor Ramírez es un activo dirigente de la Intersindical Canaria-Confederación Canaria de Trabajadores.

La medida de la Consejería de Educación se produce después de que el lunes pasado se presentaran varias personas, en nombre del episcopado, a dar clases de religión en centros en los que ya había profesores impartiendo esa materia desde principio de curso, a mediados del mes pasado.