Llagostera: imponer no es gobernar

A poco que haga un gobierno, y hay que convenir que el de Convergència i Unió es especialista en hacer muy poco, siempre llega un momento en el que sus acciones acaban definiéndolo con una claridad meridiana. Parlamentariamente, el Gobierno de Jordi Pujol está en manos del Partido Popular, que le hace tragar sapos de la anchura del río Ebro, y con acciones como la de la semana pasada en Llagostera se demuestra que, en caso de conflicto, siempre lo encontraremos junto a la gran empresa. Los hechos son tenaces y terminan poniendo a cada cual en su lugar, y en estos casos Convergència i Unió demuestra no estar nunca ni junto al pueblo ni junto al territorio. La defensa de este país y de su cultura que hacen en sus discursos se ve desacreditada constantemente por su acción de gobierno y su política parlamentaria.

Necesitamos a alguien que gobierne de acuerdo con el país real, no de acuerdo con un país virtual

Estos días, mientras se presentaba en el Parlament la nueva ley de urbanismo, la Generalitat ordenaba unilateralmente la reanudación de las obras de la línea de alta tensión de Les Gavarres a su paso por Llagostera. Mientras en el Parlament Convergència i Unió defendía esa nueva ley aduciendo que su fin último es librar al territorio de la especulación y de las decisiones arbitrarias del poder municipal, en Llagostera el Gobierno de la Generalitat se aliaba con Fecsa-Enher para imponer el trazado de una línea eléctrica de alta tensión que desfigurará durante muchos años el paisaje de esa zona y alterará la calidad de vida de sus habitantes. Es evidente que las cosas se podían haber hecho de otra manera, una manera que respetara más los intereses de todos y no sólo los de una empresa monopolística.

A Jordi Pujol y a sus sucesivos gobiernos siempre les ha estorbado el poder municipal, no han entendido nunca a los alcaldes como unos colaboradores, sino como unos adversarios, como alguien que no hace sino poner obstáculos en el recto camino trazado desde un despacho de Barcelona.

Durante los últimos 20 años han despreciado a los ayuntamientos, han tratado a los alcaldes, especialmente a los de su partido, como a simples peones desperdigados en el territorio. Su falta de colaboración y de complicidad con el poder municipal vuelve a evidenciarse estos días con la negativa a hacer frente común contra la ley de estabilidad presupuestaria, una ley que quiere limitar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos y, por lo tanto, su capacidad de hacer cosas.

Por ello, en el territorio, en los ayuntamientos, en este poder local que tiene la virtud de trabajar codo con codo junto a los ciudadanos, tenemos claro que es preciso un cambio radical en la manera de hacer política en este país. Necesitamos a alguien que tenga una sensibilidad diferente, que gobierne de acuerdo con el país real, no de acuerdo con un país virtual que está a caballo entre el dibujo especulativo que se ha hecho en algunas consejerías y la tierra prometida que tomó forma en la mente de algunos líderes durante el franquismo. Necesitamos un gobierno que tome medidas de acuerdo con las necesidades de la gente y lo necesitamos ya, porque si tenemos que esperar dos años más quizá sea demasiado tarde. Así están las cosas.

La moción de censura que presentará el PSC es necesaria para alterar esta situación establecida. Necesitamos un cambio que garantice el reconocimiento político de los ayuntamientos. El alcalde, en primer lugar, y el gobierno municipal tienen que entenderse como un punto de referencia esencial en el territorio: el poder local es un agente de reequilibrio, de creación de identidad y de cohesión. Pasqual Maragall es una persona adecuada para lograr este nuevo protagonismo para los ayuntamientos: ha sido alcalde, un gran alcalde de Barcelona, y de esa época ha conservado una alta sensibilidad respecto a la labor que se hace en los ayuntamientos.

Hay que cambiar cuanto antes esta realidad que viven los alcaldes, todos los alcaldes y alcaldesas de este país y sus gobiernos municipales, una realidad que venimos denunciando desde hace tiempo, aunque algunos lo hagan con la boca chica. Para algunos de ellos, Llagostera puede ser su camino de Damasco, la prueba de que del Gobierno de Convergència i Unió no pueden esperar ni colaboración económica ni tan siquiera política. ¿Se necesitan más argumentos para una moción de censura?

Manuel Royes es alcalde de Terrassa y presidente de la Diputación de Barcelona