Los principales imputados en el 'caso Gescartera' se declaran la guerra mutuamente

Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, los dos principales responsables de Gescartera, se han declarado la guerra, según informaron ayer la gran mayoría de los letrados que asistieron a la ampliación de declaración judicial del apoderado de la agencia de valores. Y así se puso de manifiesto cuando el abogado de Camacho, José Lozano, acosó a preguntas a Ruiz de la Serna hasta la extenuación sobre diversos aspectos de la gestión de Gescartera, los desfases patrimoniales o el destino de los fondos desaparecidos. Al final, el apoderado se negó a seguir contestando a sus preguntas.

Ruiz de la Serna dijo que había solicitado la comparecencia para aclarar algunos conceptos que a su modo de ver no habían quedado claros en su primera declaración y para colaborar con la justicia. Los letrados de la acusación apreciaron el jueves pasado un cambio en la oscurantista actitud inicial de Ruiz de la Serna y atribuyeron su colaboración con la juez a un intento de evitar un cambio en su situación personal, ya que la juez Teresa Palacios no había decretado su ingreso en prisión, atendiendo únicamente a que padece una enfermedad que requiere tratamiento diario. Sin embargo, en la actualidad ese tratamiento está en fase de revisión, y Ruiz de la Serna podría ir a prisión si los forenses dictaminasen que los cuidados que requiere su dolencia son compatibles con el internamiento en un centro penitenciario.

Colaboración con matices

La actitud de colaboración fue apreciada por todos, juez y fiscal incluidos. Ruiz de la Serna explicaba mecánicas operativas y hacía suposiciones de cómo el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, habría podido sacar de España el dinero de los clientes. La colaboración, en cualquier caso, fue acogida con matizaciones, puesto que la actitud del imputado fue, en todo momento, autoexculpatoria. Camacho le había acusado de ser el responsable del día a día y de autorizar las inversiones, desinversiones y movimientos de dinero en las cuentas de Gescartera, pero, durante toda la comparecencia, Ruiz de la Serna culpó a Camacho de ser el único propietario y, por ello, el único que mandaba. Acusó a su ex jefe de utilizar la estructura de Gescartera para hacer negocios personales y explicó que era Camacho quien gestionaba inversiones y cuentas de clientes especiales que no figuraban en el listado oficial de clientes de la agencia de valores.

Durante 10 horas, en tres sesiones, Ruiz de la Serna se defendió de las acusaciones de Camacho y a su vez vertió sobre éste toda la responsabilidad y las sospechas de prácticas ilegales. Pero después tuvo que aguantar el chaparrón durante cuatro horas, que fueron las utilizadas por el abogado de Camacho, José Lozano, para interrogarle. Éste, exhibiendo documentos proporcionados por su cliente, sometió a Ruiz de la Serna a una sesión inquisitorial, en la que el apoderado de Gescartera se cerró en banda y contestó con evasivas y sin concretar los datos que se le requerían. Lozano le preguntó por un documento fechado el 14 de marzo de 2001, que Ruiz de la Serna reconoció como perteneciente a Gescartera, que ponía de manifiesto las dificultades de tesorería que atravesaba la entidad en esa fecha, puesto que disponían en cuentas de 65.537 euros (casi 11 millones de pesetas) y tenían un saldo reclamado de 15.675.975 euros (2.608 millones de pesetas). Pero Ruiz de la Serna no supo explicarlo. Tampoco supo explicar por qué a fecha de la intervención el saldo de Roberto Santos era de 1.100 millones, cuando el 14 de marzo se le adeudaban 311 millones. Santos manifestó ayer a este periódico que la única inversión realizada en Gescartera corresponde a valores por valor de 120 millones de pesetas a través de Asesores 2000 y La Fábrica de la Comunicación. De la Serna reconoció, sin embargo, que a Santos le pagaron en ocasiones un 41,5 % de TAE y que después de la intervención, Gescartera siguió recibiendo dinero de clientes.

El imputado tampoco dio explicación al desfase patrimonial de 5.500 millones que se ha producido en Gescartera desde 1999. 'Tendría que tener acceso a datos para ver la enajenación de activos y el destino que se le han dado', dijo.

El abogado de Ruiz de la Serna, Juan Molins, declaró que Lozano había puesto el ventilador para esparcir a otros imputados las responsabilidades que a su entender sólo corresponden a su cliente.

Prueba del asedio al que Ruiz de la Serna fue sometido, fue el comentario de Federico Iglesias, abogado de las Filipenses: 'Si esto sigue así, el dinero lo va a tener Osama [Bin Laden]'.

Según varios acusadores, Lozano no ha conseguido desviar la atención sobre las irregularidades o delitos presuntamente cometidos por su cliente, pero ha dejado sentado que Ruiz de la Serna ha mentido en su declaración y que tenía un perfecto conocimiento del funcionamiento y realidad de Gescartera en contra de lo que afirma.