Un edil de Alicante gasta sin concurso 100 millones en esculturas

La concejalía de Cultura de Alicante más parece una gran agencia de marchantes de arte que un organismo municipal que dispense, programe y promueva la ilustración entre los ciudadanos. Su titular, el portavoz del PP en el Ayuntamiento alicantino, Pedro Romero, se ha gastado más de 100 millones de pesetas de las arcas públicas en esculturas sin que en su compra mediara concurso público y, en muchos casos, sin tasación oficial. El Grupo Socialista, en la oposición, denunció ayer los hechos.

Un año después de acceder a la alcaldía de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi se lamentaba de la escasa relevancia cultural de la ciudad y anunciaba, en conferencia de prensa, un proyecto de primera magnitud para la ciudad: el Ayuntamiento convocaría un concurso público nacional para crear un gran museo de esculturas al aire libre. El alcalde cumplió su palabra, en parte. Ahora, cinco años después de aquel anuncio, en Alicante hay esculturas y están en el aire, pero en el aire del libre albedrío del concejal de Cultura y portavoz del equipo de Gobierno, Pedro Romero, quien ha gastado más de un centenar de millones de pesetas en piezas escultóricas sin concurso público y, en muchos casos, sin una tasación oficial del precio que las arcas públicas han pagado por las obras de arte.

Algunas con la subvención de la Consejería de Comercio y otras con recursos propios de su concejalía, Romero ha ido sembrando varios espacios de la ciudad con esculturas. Y las ha pagado por decreto, a unos precios que han levantado las sospechas de la oposición. Porque este concejal cuenta con precedentes de pagar de más a las empresas que contrata. Él mismo, después de que la oposición lo denunciara, ha reconocido que abonó a una empresa el doble de lo que correspondía por la actuación, este verano en el Castillo de Santa Bárbara, del cantante José Manuel Soto. Todo, según el edil, por un 'error administrativo'. Lo grave, según la concejal socialista Carmen Sánchez Brufal, es que Romero argumente en su descargo que fue la empresa beneficiada por el sobrepago la que, altruistamente, comunicara al edil de Cultura que había recibido dinero de más, curiosamente después de que la edil pidiera oficialmente el expediente de los contratos.

'Si son las empresas privadas las que tienen que advertir de que el Ayuntamiento les paga de más no sé en manos de quién estamos', dijo ayer Sánchez Brufal con una intencionada carga de ironía. Además, la edil mostró un contrato que cuestiona la versión de Romero. En dicho convenio, el concejal de Cultura firma un precio -5.800.000 pesetas- por dos actuaciones de Soto, y luego libra un pagaré por ese mismo precio a una empresa madrileña para el pago de los conciertos. En realidad, Romero, en nombre del Patronato Municipal de Cultura, pagó lo que estipuló en el contrato y, luego, cuando la oposición reclamó el expediente, advirtió de su 'error administrativo'. La empresa devolvió el dinero.

Acompañada de un experto en la contratación de grupos musicales, Sánchez Brufal compareció ayer públicamente para aportar más pruebas de que las actuaciones celebradas en julio y agosto en la fortaleza de Santa Bárbara se pagaron a un precio que no está en el mercado. Mostró presupuestos de empresas reconocidas en el sector que ofrecen los mismos cantantes por mucho menos dinero y se preguntó cómo es posible que la empresa contratada por Romero se valiera de una asesoría fiscal de Getafe (Madrid) para realizar las contrataciones de los cantantes.