El Gobierno sube las tasas que pagan las compañías aéreas para financiar la seguridad

El Gobierno decidió el pasado viernes subir el año que viene un 10% la tasa de aproximación a los aeropuertos que pagan las compañías aéreas. La subida, que Hacienda justifica por el incremento de los costes de seguridad en el tráfico aéreo y los aeropuertos, puede motivar otra subida de los billetes ya que no ha sido tenida en cuenta por las aerolíneas en el aumento de tarifas que aplicarán desde hoy. El resto de tasas estatales se actualizará un 2%. Además, Hacienda no renegociará con las compañías de móviles los 140.000 millones que adeudan por la tasa radioeléctrica de este año.

La elevación un 10% de la tasa de aproximación está incluida en el añadido a la denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que no se incluyó en la referencia oficial. Según explicó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, el aumento obedece a la necesidad de aumentar la seguridad de los aeropuertos tras la reciente crisis internacional.

La tasa de aproximación se fija según el tonelaje de los aviones y depende de la categoría del aeropuerto en el que vaya a aterrizar (hay tres) y de si el vuelo corresponde al espacio aéreo de la UE o es de otras latitudes. Según ese baremo, el aumento va desde 40 céntimos de euros hasta 75 (es decir, de unas 66 a 125 pesetas) por aparato.

El ente público AENA ingresó en 2000 por la tasa de aproximación (diferente a la de aterrizaje) 18.951 millones de pesetas (114 millones de euros), un 62,8% más que en 1999, y prevé superar los 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros) este año. Es decir, que el impacto de la subida para el año que viene rondaría los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), de los que una tercera parte corresponde a Iberia. El resto de tasas aeroportuarias suben un 2%. Los ingresos de AENA por tasas, incluidas las de aproximación, alcanzaron en 2000 un total de 183.143 millones (1.100 millones de euros).

Los ingresos por tasas de AENA se dividen fundamentalmente en dos tipos: las tasas aeroportuarias, que cobra por la utilización de los distintos servicios que presta en los aeropuertos, y las de navegación, que se abonan por los servicios en vuelo. La que reporta mayores ingresos es la tasa por utilización de infraestructuras (42.230 millones en 2000), única que paga el pasajero, aunque en España a diferencia de lo que ocurre en otros países no se abona directamente sino que se carga en el billete.

Las compañías aéreas han recibido con disgusto la subida de esta tasa, ya que llega en un momento de fuerte crisis que les ha llevado a elevar el precio del billete ocho euros (1.331 pesetas) como consecuencia de las mayores polizas de las aseguradoras. El aumento de la tasa repercutirá a partir del 1 de enero de 2002.

Otras tasas

El resto de las tasas estatales se actualizan un 2%, el porcentaje de inflación prevista. Hay una excepción y es que se elimina la tasa que Hacienda cobra por la expedición de certificados catastrales. También se elevan en diferente cuantía y se modifican las tasas que se aplican por los medicamentos. Otra tasa que varía de forma importante es la que regula el uso del espacio radioeléctrico, que afecta sobre todo a las compañías de móviles, de telefonía inalámbrica, radios y televisiones y que el Gobierno ha decidido reducir en un 62,5%, hasta los 60.000 millones en total.

Rodríguez Ponga reconoció ayer que, pese a la rebaja, las operadoras de móviles no han pagado aún la tasa correspondiente a este año. La tasa está recurrida por Telefónica Móviles, Airtel y Amena ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que, según el secretario de Estado de Hacienda, se pronunciará en breve, y cuyo fallo se espera desfavorable a las compañías, según fuentes del sector.

En este sentido, Rodrígeuz Ponga negó que haya ningún acuerdo con las compañías para que retiren los recursos a cambio de la citada rebaja de la tasa, cuyo importe correspondiente a 2000 (136.698 millones de pesetas, en el caso de los móviles) será exigido por Hacienda cuando se agoten los plazos.