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Tribuna:LA REFORMA EDUCATIVA

El compromiso con la Universidad

La ministra de Educación explica los objetivos y los temas principales que aborda la ley universitaria, que se empieza a debatir en el Congreso de los Diputados

La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un país, para su vertebración y cohesión. Se trata de un pilar básico para afrontar la formación de los ciudadanos que asumirán la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, científico, cultural, económico y político en las décadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda política educativa.

En la enseñanza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generación y transmisión del conocimiento, como funciones básicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo común, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnologías de la información y las comunicaciones, por los avances en materia científica y tecnológica y por la competitividad generada por los procesos de globalización del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos más eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organización del aprendizaje o la formación a lo largo de la vida, entre otros. Ésta es la intención que anima, que hace necesaria, la presentación por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.

La Agencia de Evaluación actuará con independencia de la Administración en las universidades públicas y privadas

Mejorar la calidad de la investigación y de la docencia que realiza la Universidad; ése es el único objetivo

El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante más de una década por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no sólo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad española del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para diseñar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigación y de la docencia que realiza la Universidad. Ése es el único objetivo, es la letra y el espíritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostración palpable de la confianza en la construcción de un sistema universitario avanzado, científico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.

El Ministerio de Educación ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese diálogo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes también mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se verá enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollará sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluación y habilitación del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en función de sus méritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creación de una agencia de evaluación de la calidad, la carrera docente, la integración de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el núcleo básico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la institución universitaria para el desarrollo presente y futuro del país: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribución científica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportación tecnológica a los necesarios procesos de innovación empresarial y por su labor en la formación de ciudadanos y profesionales. Para fomentar aún más estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades públicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas autonómicas, refuerza la función investigadora, introduce la cultura de la evaluación en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperación y la competitividad, y tiene, en fin, como único objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentará el servicio público universitario en los próximos años.

En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que más y mejor nos pueden ayudar en el empeño de construir un sistema universitario avanzado. En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas, para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluación en el corazón del sistema de enseñanza superior. Así, el texto crea la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación para promover y garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad; pero también para ofrecer a la sociedad información basada en criterios objetivos de la calidad de las enseñanzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuará con independencia de la Administración tanto en las universidades públicas como en las privadas y será pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo común de enseñanza superior.

Para alcanzar con éxito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin último que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservación de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los países más avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generación y transmisión del conocimiento.

Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es fácil, que tiene obstáculos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportación de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus enseñanzas en centros en los que el referente sea la excelencia. Éste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un país, para su vertebración y cohesión. Se trata de un pilar básico para afrontar la formación de los ciudadanos que asumirán la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, científico, cultural, económico y político en las décadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda política educativa.

En la enseñanza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generación y transmisión del conocimiento, como funciones básicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo común, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnologías de la información y las comunicaciones, por los avances en materia científica y tecnológica y por la competitividad generada por los procesos de globalización del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos más eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organización del aprendizaje o la formación a lo largo de la vida, entre otros. Ésta es la intención que anima, que hace necesaria, la presentación por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.

El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante más de una década por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no sólo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad española del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para diseñar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigación y de la docencia que realiza la Universidad. Ése es el único objetivo, es la letra y el espíritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostración palpable de la confianza en la construcción de un sistema universitario avanzado, científico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.

El Ministerio de Educación ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese diálogo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes también mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se verá enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollará sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluación y habilitación del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en función de sus méritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creación de una agencia de evaluación de la calidad, la carrera docente, la integración de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el núcleo básico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la institución universitaria para el desarrollo presente y futuro del país: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribución científica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportación tecnológica a los necesarios procesos de innovación empresarial y por su labor en la formación de ciudadanos y profesionales. Para fomentar aún más estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades públicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas autonómicas, refuerza la función investigadora, introduce la cultura de la evaluación en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperación y la competitividad, y tiene, en fin, como único objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentará el servicio público universitario en los próximos años.

En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que más y mejor nos pueden ayudar en el empeño de construir un sistema universitario avanzado. En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas, para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluación en el corazón del sistema de enseñanza superior. Así, el texto crea la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación para promover y garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad; pero también para ofrecer a la sociedad información basada en criterios objetivos de la calidad de las enseñanzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuará con independencia de la Administración tanto en las universidades públicas como en las privadas y será pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo común de enseñanza superior.

Para alcanzar con éxito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin último que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservación de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los países más avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generación y transmisión del conocimiento.

Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es fácil, que tiene obstáculos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportación de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus enseñanzas en centros en los que el referente sea la excelencia. Éste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.

Pilar del Castillo es ministra de Educación, Cultura y Deporte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2001