Trabajo y Economía mantienen fuertes discrepancias en la reforma de convenios

El diálogo entre los agentes sociales para la reforma de los convenios proseguirá el próximo lunes. Trabajo obtuvo ayer el respaldo del Consejo de Ministros para continuar las negociaciones con los sindicatos y la patronal, con lo que se ha diluido, al menos por ahora, el riesgo de quiebra que se vislumbraba. El debate se centrará a partir del lunes en el texto elaborado por el equipo de Juan Carlos Aparicio, muy distante del defendido por Economía, que propugna una reforma radical de las reglas de juego y que, a juicio de los sindicatos, hubiese desembocado en una ruptura.

Los responsables de Trabajo cuentan con un texto articulado que recoge puntos de coincidencia con las tesis de los sindicatos. La continuación del diálogo con el visto bueno dado ayer por el Consejo de Ministros supone que el departamento que dirige Aparicio ha ganado este pulso a Economía, que pretendía cerrar de inmediato el debate para incluir la reforma de los convenios como un añadido al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos generales, que se aprueba la semana próxima.

El calendario de Trabajo tiene menos premura y pretende que los cambios normativos tomen la forma de un texto articulado para reformar el Estatuto de los Trabajadores, y a presentar en el Parlamento cuando se agote el diálogo social.

Asimismo, hay diferencias en los contenidos. Las propuestas del departamento de Rodrigo Rato, elaboradas por el equipo de Luis de Guindos, secretario general de Política Económica y Competencia, son rechazadas de plano por los sindicatos, ya que, en su criterio, propugnan una total libertad para los convenios de empresa. Ese texto de Economía dice que los pactos de empresa 'podrán' modificar a la baja los contenidos de los convenios sectoriales 'en las materias relativas a distribución de la jornada laboral, el régimen salarial y los compromisos de pensiones'. Asimismo, propone que cuando acabe la vigencia de un convenio sólo se prorroguen las cláusulas normativas durante un año. Para los sindicatos, eso supondría 'una transformación radical, con la eliminación de la ultraactividad' y dejaría a los trabajadores en situación de vacío normativo si no se logra en ese plazo un nuevo convenio con las empresas.

Por contra, el documento de Trabajo, gestado por el secretario general de Empleo, Juan Chozas, y la directora general Soledad Cordova, defiende la necesidad de contar con convenios sectoriales que ordenen la estructura de la negociación en las empresas de su ámbito y que establezcan reglas para resolver los conflictos cuando haya concurrencia con otros convenios.

Unas líneas de juego con las que coinciden los sindicatos. Aparicio y las centrales también están de acuerdo en una amplia lista de materias que deben regularse en el ámbito sectorial, entre ellas los conceptos que definen la estructura de los salarios, la jornada máxima de trabajo y su distribución, las modalidades de contratación, los periodos de prueba y el fomento de los contratos fijos.

Pacto sectorial

A ello se suma que el pacto sectorial debe regular la movilidad geográfica, los grupos profesionales, el régimen disciplinario, la mejora de las normas de prevención de riesgos laborales, así como la información y consulta a los representantes de los trabajadores en materia de movilidad y en los cambios de condiciones de trabajo, incluyendo los procedimientos para resolver las discrepancias.

Ese documento será el que se empezará a debatir a partir del próximo lunes. Según los negociadores de CC OO, aunque 'aún contiene discrepancias, lógicas en cualquier proceso de negociación, permite avanzar hacia el acuerdo'. Para UGT, la discusión todavía debe avanzar. En una circular enviada ayer a su organización por el líder ugetista, Cándido Méndez, se avanza que esa reforma debe tener unos ejes centrales. Entre ellos, que se refuerce el modelo de relaciones laborales plasmado en el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 y el Acuerdo Interconfederal de 1991; hacer compatible la flexibilidad en la negociación con el reforzamiento de los convenios sectoriales; e introducir fórmulas para las nuevas realidades productivas, como los grupos de empresa, no suficientemente recogidas en la actual legislación.