CiU se une al PSOE para pedir la revisión del convenio bilateral con el Vaticano

El PP perdió ayer el apoyo de CiU, su socio principal en el Parlamento, y tuvo que votar en solitario contra la propuesta del PSOE de revisar el convenio suscrito entre el Estado y la Conferencia Episcopal, en marzo de 1999, que determina el polémico régimen laboral de los profesores de religión en los colegios públicos. El PSOE exige 'eliminar [de ese acuerdo] cualquier disposición que en su aplicación o interpretación puede resultar contraria a los preceptos constitucionales'.

La iniciativa se debatió en la Comisión de Educación del Congreso, donde el PP impuso su mayoría absoluta para rechazarla. El PNV, los parlamentarios de Coalición Canaria y los de IU no estuvieron presentes en la votación.

La proposición no de ley pedía, además, introducir en un futuro acuerdo cláusulas generales 'que garanticen en el proceso de selección de profesores el respeto a los derechos fundamentales, de modo específico, el derecho a la intimidad, igualdad y no discriminación, y a los principios constitucionales'. La propuesta del PSOE surge, como explicó la diputada Amparo Valcarce, por la 'alarma social' generada por varios casos de profesoras de religión enviadas al paro por los obispos por circunstancias de su vida personal como salir de copas o casarse por lo civil.

Amparo Valcarce dijo que estos 'despidos' responden a 'razones que van en contra de los valores constitucionales' y se producen porque la Conferencia Episcopal hace una interpretación del convenio 'que vulnera derechos constitucionales que en ningún caso pueden ser cercenados'. Para avalar sus argumentos, la diputada apeló también a la sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que ha condenado al arzobispado de esa ciudad y a la Generalitat catalana a readmitir a un profesor expulsado de su trabajo sólo por ganar un pleito a estas dos instituciones.

'Resultado perverso'

El portavoz de CiU en la Comisión de Educación, Ignasi Guardans, reclamó una votación separada de las dos peticiones de la iniciativa socialista, apoyando sin reparos la solicitud de revisión del convenio, pero no la idea de introducir cláusulas especiales que condicionen al Gobierno cuando inicie la negociación con el Estado de la Santa Sede.

En todo caso, Guardans coincidió con Valcarce en señalar que el modo de aplicar los tratados con la Iglesia 'tiene un resultado inconstitucional y perverso'. 'Que se sienten y negocien', pidió el portavoz de CiU al Ejecutivo y a los obispos. 'No vamos a decirles qué tienen que cambiar, pero, una vez constatado que en la aplicación del convenio se violan derechos fundamentales, negocien otra aplicación, o bien un nuevo texto', concluyó Ignasi Guardans.