Rita Barberá adjudicó 7.293 millones de pesetas en inversiones a dedo, sin autorización y sin fiscalización

El Ayuntamiento de Valencia ejecutó el año pasado el 46,1% de sus inversiones (7.293 de los 15.831 millones totales) a través de contratistas municipales sin contrastar precios en el mercado y sin prever las condiciones de las posibles desviaciones en la ejecución de los proyectos. Así se pone de manifiesto en la auditoría del año 2000 realizada por la Intervención general, que asegura que el equipo de gobierno del PP 'realizó gastos sin autorización, disposición, ni fiscalización previa' y que a posteriori se aprobaron por acuerdo municipal con el reparo de la Intervención de la Corporación.

La auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia, aunque reconoce la mejora en algunos apartados contables, recalca que el capítulo con mayor número de irregularidades ['observaciones significativas'] es el de inversiones, ya que una cuarta parte de los expedientes (por importe de 5.200 millones de gasto) tenían deficiencias.

El informe pone en evidencia la falta de mecanismos de control y destaca el sobrecoste, no cuantificado en la auditoría, del plan de aceras de 1993 porque la Corporación no aplicó una cláusula que fijaba un factor corrector en los pagos de los intereses en función de los tipos de interés respecto al momento de la licitación. Además cita otros casos como la adjudicación sin disponibilidad de terrenos, modificados sin supervisión previa o partidas sin justificar.