Los test de 'vacas locas' apenas superan la mitad del ritmo previsto por Agricultura
Las reses destruidas hasta junio sin análisis impiden conocer las cifras reales de la epidemia
El plan del Gobierno para erradicar el mal de las vacas locas de la ganadería española no se está cumpliendo. El Ministerio de Agricultura se propuso analizar 540.000 reses a lo largo de 2001, a un ritmo de 45.000 test mensuales. Esa cifra no se ha alcanzado en ningún momento. El número de pruebas fue particularmente bajo durante los meses en que fue posible vender los animales de riesgo a la Administración para que los destruyera sin análisis. Aunque se han detectado 63 vacas locas durante 2001, a las que se han de sumar las dos del año pasado, el número real es una incógnita.
Hasta el 30 de junio fue posible, gracias a la permisividad de la UE, vender a la intervención pública las reses que, por su edad u otra circunstancia, presentaran un mayor riesgo de padecer la encefalopatía espongiforme bovina. Esas reses fueron destruidas sin analizar. Ésta es la razón más probable de que la tasa de aparición de positivos (en total se han registrado 65 vacas locas), que se situaba a principios de año en torno a los cinco o seis casos semanales, sufriera una repentina y drástica reducción a partir de marzo (véase gráfico).
Pasado el 30 de junio, cuando expiró la opción de destruir las reses sin analizar, el número de positivos repuntó, como era previsible, pero nunca recuperó los ritmos de principios de año.
'Yo predije que a partir de julio volverían a darse más de cinco o seis reses positivas a la semana, y no ha sido así', reconoce el director del Laboratorio Nacional de Referencia sobre este asunto, Juan José Badiola. 'No sé a qué se debe esto. Es posible que la destrucción de reses sospechosas hasta el 30 de junio fuera extraordinariamente efectiva. También puede que se estén sacrificando muy pocas vacas mayores de dos años, que son las que tienen la enfermedad desarrollada'.
Por el momento es imposible decidir si alguna de esas dos hipótesis se aproxima a la verdad, debido a la deficiencia de los datos del Ministerio de Agricultura. Por un lado, las reses entregadas a la intervención (sin análisis) no se computaron de acuerdo a su edad. Ni siquiera se han computado como número de cabezas, sino como toneladas de carne. En estas condiciones no hay forma de arriesgar una estimación, ni siquiera aproximada, de la cifra de vacas en edad de riesgo que se colaron por esta vía.
Estadísticas opacas
Por otro lado, las cifras facilitadas por las comunidades autónomas no hacen constar, en general, la edad de las vacas analizadas. Es posible que se estén sacrificando menos animales adultos de lo habitual, pero las estadísticas oficiales son opacas al respecto. En ausencia de números fiables, la impresión general de Badiola es que los test en los mataderos -que son los que garantizan que los animales enfermos no entran en la cadena alimentaria- están funcionando correctamente. 'Tengo más dudas sobre algunos de los animales muertos en las explotaciones', admite este experto.
Cuando una vaca muere en la granja, los ganaderos están obligados a notificarlo, y el animal debe ser analizado. Estas pruebas son particularmente importantes para la fiabilidad de las estadísticas generales.
Pero, como las reses muertas en la explotación están parcialmente cubiertas por un seguro, el cadáver no se puede retirar para su análisis hasta que no lo examine un perito, y esto no siempre ocurre con la rapidez necesaria. Unos días de retraso son suficientes, particularmente en verano, para que la putrefacción sirva como una excusa perfecta para eludir el análisis.
Badiola admite que se han dado casos de este tipo, aunque no cree que su número sea suficiente para explicar el bajo número de positivos a partir del 30 de junio.
En cualquier caso, no hay ninguna explicación científicamente satisfactoria para la reducción del número de positivos, en particular desde que la ley impide eludir el test. Las harinas cárnicas ilegales se han estado utilizando hasta el año 2000, según reconocen los informes de Agricultura, y la lenta evolución de esta enfermedad -junto a la experiencia británica- implica que España debería estar aún en la fase ascendente de la epidemia.
Sacrificio total o selectivo
Una de las medidas que más han irritado a los ganaderos desde el inicio de la crisis es la de destruir a todas las vacas de una explotación donde aparece un caso positivo. Antes del verano, Bruselas dejó a cada país la decisión de adoptar o no esa medida. Y el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dejó a su vez la decisión a cada ganadero. El sacrificio integral no cuenta con avales científicos. La medida puede tener sentido en enfermedades víricas o bacterianas, puesto que esos agentes infecciosos se transmiten entre los animales de una granja por contacto o por proximidad. Los priones, agentes causales de la encefalopatía, no se transmiten de esa forma, sino por la ingestión de piensos contaminados con residuos de otros animales infectados. Ni el Reino Unido (el país más afectado) ni Suiza (uno de los más concienzudos) aplican el sacrificio integral. Se limitan a destruir a la llamada cohorte, es decir, a las vacas de la misma edad que la afectada (un año arriba o abajo) y a los descendientes de ésta. El equipo de Badiola ha añadido ahora un argumento a favor del sacrificio selectivo. Tras analizar a 700 compañeras de granja de casos positivos detectados en España, sólo han encontrado cuatro reses afectadas, y todas ellas pertenecían a la cohorte. Actualmente, los ganaderos que optan por el sacrificio selectivo tienen dificultades para comercializar sus productos.
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