La CNMV acredita ahora que Gescartera pagó a la Iglesia con fondos de otros clientes

Antonio Camacho usó dinero de unos clientes para reembolsar a otros en la monumental estafa de tipo piramidal que acabó perpetrando el dueño de Gescartera, aunque hasta ahora había pocos detalles y menos certidumbre. Dos informes conocidos ayer en el Congreso revelan que el Arzobispado de Valladolid cobró un cheque de más de 1.000 millones en 1999 que, en su mayor parte, provenían de otros clientes. Camacho tapó el agujero resultante en las cuentas gracias a que la Mutua de la Policía ingresó dos días después 750 millones en Gescartera, lo que sirvió para despistar a las autoridades.

Los detalles de la operación resultan igual de confusos que la maraña que envuelve el caso Gescartera. Pero las conclusiones son meridianas, a tenor del informe que Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, envió al vicepresidente Rodrigo Rato sobre todas las actuaciones del organismo regulador en este caso, y que ayer conoció el Congreso. 'Mención especial merece el siguiente hecho: durante la inspección, determinado cliente ha cancelado su operación con ella, habiéndole entregado ésta un talón contra la cuenta corriente global por un importe de 1.105 millones de pesetas'.

El informe continúa: 'Estas manifestaciones resultaron ser no ciertas, puesto que la única recepción de fondos en cuantía relevante recibida en la cuenta global ascendía a 750 millones de pesetas, recibidos posteriormente al cobro de ese talón, y procedentes de aportaciones de otro cliente'.

La conclusión es rotunda: 'La citada operación ha supuesto que la sociedad ha dispuesto de fondos de otros clientes para atender el reembolso de 1.105 millones antes citado'. El informe de Pilar Valiente no cita quién es el cliente al que le desaparecieron los 750 millones para que el Arzobispado de Valladolid pudiera cobrar su cheque de más de 1.000 millones de pesetas, tras ser alertado de las irregularidades de Gescartera en 1999 por Javier Valenzuela, ex alto cargo del PP en la Junta de Castilla y León.

Pero otro documento, elaborado por el antiguo director de Supervisión, David Vives, y conocido por eso como 'Informe Vives', sí lo hace: la Mutua de la Policía, que tras el fiasco final se ha convertido en el primer cliente perjudicado en Gescartera, con 1.500 millones perdidos.

'El 15 de abril de 1999, don Ignacio Palicio (Banco de España)', relata el Informe Vives, 'comunica en conversación telefónica que la transferencia que Bankinter recibió (...) vía Banco de España por importe de 4.507.590,78 euros (750 millones de pesetas) fue ordenada por la Mutua de Previsión Social de la Policía'. Este dinero, que llegó a la cuenta global de Gescartera, permitió a la agencia tapar el agujero creado por el pago, dos días antes, de los más de 1.000 millones al Arzobispado.

Éste es uno de los hechos más graves que relata el Informe Vives. Tras varios meses de investigación, el entonces director general de Supervisión descubrió la mayor parte de los trucos con los que Camacho trataba de engañar a las autoridades de la CNMV, y a sus clientes: uso de una cuenta global, en lugar de cuentas individualizadas, que permitían un mejor seguimiento, por lo que el dueño de Gescartera disponía a su antojo del dinero de sus clientes.

Vives llegó a la conclusión de que en la sociedad faltaban por justificar 4.518 millones. Sospechando que ese dinero no estaba en ninguna parte, Vives convocó a Camacho a una reunión el 18 de febrero de 1999, a la que acudió Francisco José Bauzá como abogado. 'En la reunión', continúa el informe, 'Camacho no fue capaz de aclarar esta diferencia, ni de explicar el procedimiento administrativo y contable seguido por la entidad'.

Tres semanas después, y vista la imposibilidad de hacerse una idea cabal del estado real de Gescartera, Juan Fernández-Armesto convocó un consejo extraordinario de la CNMV con la intención de intervenir Gescartera. El consejo se convocó de urgencia y sin entregar documentación previa ni redactar un orden del día. La base de la petición fue el cúmulo de irregularidades que describía el informe Vives. Pero la oposición de un sector del consejo, encabezado por Valiente y el vicepresidente Luis Ramallo, dio al traste con la intervención. El acta (y el correspondiente orden del día, en el que ya no se incluyó la petición de intervención), se redactaron con posterioridad.