Barricadas para seguir la pista al dinero

Un esfuerzo de seis años para destapar la red financiera de Osama Bin Laden fracasó porque las autoridades estadounidenses no utilizaron con habilidad los instrumentos legales de que disponían, no se dieron cuenta de que necesitaban armas más poderosas y encontraron resistencia tanto dentro del país como en el extranjero, según los funcionarios que participaron en este intento. Las autoridades federales dicen que no convencieron a los bancos extranjeros para que abrieran sus libros a los investigadores y que una ley que hubiera permitido a Estados Unidos penalizar a los bancos que no cooperasen fue bloqueada el año pasado por un solo senador.

Según un investigador federal, las leyes y normativas actuales otorgan menos autoridad al Gobierno para incautar los bienes de los terroristas que los de los carteles de la droga; sólo puede incautar bienes que se hayan recaudado directamente con la violencia terrorista. Para los carteles de la droga o las bandas de crimen organizado se pueden incautar todos aquellos bienes que se utilicen para mantener sus actividades. Los investigadores atribuyen también su incapacidad para agujerear la red financiera de Bin Laden a un antiguo sistema de traspasos en metálico basados en la confianza, no en registros detallados, que dicen que se ha extendido a Estados Unidos desde países como Pakistán.

Desde los ataques de la pasada semana, las propuestas para frenar el blanqueo de dinero de los terroristas han ganado partidarios súbitamente entre sus viejos adversarios. La Casa Blanca afirma ahora que quiere que se ataque de forma agresiva el blanqueo de dinero, incluyendo un aumento de las incautaciones de bienes.

Según funcionarios de los servicios secretos estadounidenses, la organización de Bin Laden mantiene actividades en 35 países y necesita mover dinero para sus miembros. Seguir la pista del dinero podría revelar no sólo las fuentes de apoyo de los terroristas, sino también sus intenciones.

Pero miembros del Gobierno actual y del anterior dicen que desde mediados de los años noventa no han aprovechado plenamente los instrumentos legales que tenían para realizar su difícil misión. 'Podríamos haber dejado sin recursos a la organización si nos lo hubiéramos propuesto', dijo Richard Palmer, que adquirió mucha experiencia en blanqueo de dinero como jefe de la CIA en Moscú durante la década de los noventa.

El Congreso aprobó una ley en 1993 que exigía a los negocios que hacen efectivos los cheques y a las empresas financieras extraoficiales que se registrasen e informaran de las transacciones superiores a los 3.000 dólares. Pero la Administración de Clinton no publicó todas las normas hasta 1999. La Administración de Bush ordenó otra prórroga hasta el 30 de junio de 2002. Jimmy Gurule, el subsecretario del Tesoro para acciones policiales, dijo ayer que la Administración, en vista del ataque de la semana pasada, podría adelantar la fecha.

Propuestas rechazadas

El Congreso revisa ahora una propuesta que echó abajo el año pasado el senador Phil Gramm, republicano de Tejas que era entonces presidente del Comité Bancario del Senado. El proyecto de ley, presentado por la Administración de Clinton, hubiera dado al secretario del Tesoro amplios poderes para impedir el acceso al mercado financiero estadounidense a los países y bancos extranjeros a menos que cooperasen en las investigaciones de blanqueo de dinero. Tropezó con una fuerte oposición de la industria bancaria y de Gramm.

Pero el proyecto de ley está reuniendo el apoyo de ambos partidos. 'Me sorprendería que no hubiera un cambio repentino', dijo el senador John Kerry, demócrata de Massachusetts, que patrocina el proyecto de ley con el senador Charles E. Grassley, republicano de Iowa. Dijo que la oposición se basaba en argumentos 'ridículamente falsos'.

Incluso después de los ataques de la semana pasada, la industria bancaria sigue dudando de la necesidad de nuevas normas para combatir el blanqueo de dinero, afirmó una persona perteneciente a un grupo de presión. La mayoría de los expertos opinan que los fondos utilizados para financiar los ataques probablemente entraron en el país en pequeñas cantidades, o bien por medio de giros telegráficos o sirviéndose de agentes de valores que pertenecen a un sistema bancario clandestino de banca sin papel.

Este sistema de agentes de valores se suele denominar por su nombre en hindú, hawala, que significa 'en confianza', y permite a los individuos transferir grandes sumas de efectivo desde su país hasta sus receptores en otro país sin que los fondos crucen jamás las fronteras.

'Alguien puede entrar a la oficina de un agente hawala en Pakistán y decir 'Quiero que le lleguen 100.000 dólares a una persona de Vero Beach que se identificará como Cupido', explicaba Jonathan M. Winer, que dirigió las actividades policiales internacionales del Departamento de Estado desde 1994 hasta 1999.

El intento de seguir la pista del dinero del grupo de Laden comenzó de forma seria cuando el presidente Bill Clinton firmó una orden clasificada el 21 de octubre de 1995. La orden secreta, Directriz de Decisión Presidencial 42, ordenaba a los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro, al Consejo Nacional de Seguridad, la CIA y otras agencias de espionajes que incrementaran y unificaran sus esfuerzos contra el blanqueo internacional de dinero por parte de terroristas y criminales.

Las agencias gubernamentales se unieron para intentar infiltrarse en la red de negocios, organizaciones benéficas, bancos y empresas fantasma de Bin Laden. Pero fracasaron. Los grupos a los que se les encomendó la tarea adolecían de una 'falta de conocimiento de las instituciones, una falta de pericia', dijo William Wechsler, miembro del Consejo Nacional de Seguridad con Clinton. 'Podríamos haber hecho más mucho antes, pero no fue así', resume entonando el mea culpa.