La juez Palacios envía a prisión a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios acordó ayer el ingreso en prisión incondicional de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, a la que imputa haber participado presuntamente en un delito de estafa o de apropiación indebida, en delito societario y haber colaborado en fraudes fiscales y falsedades documentales. La magistrada niega la imagen de ingenuidad e ignorancia que la presidenta de Gescartera ha pretendido transmitir y señala que estaba al corriente de las actividades fraudulentas de la agencia de valores sin que hiciera nada por impedirlas.

La juez envía a la cárcel a Giménez-Reyna porque considera que 'con su actuación omisiva contribuyó al aumento del desfase patrimonial [de 7.000 a 18.000 millones de pesetas] sin poner reparo a la nueva captación de clientes (...) cuyas inversiones sabía la imputada que iban a ser destinadas a aliviar la inexistencia de 7.000 millones, con lo que contribuyó a mantener falsamente una situación frente a terceros'.

La presidenta de Gescartera ingresó anoche en uno de los módulos de mujeres de la prisión madrileña de Soto del Real, penal en el que también se encuentra el dueño de la sociedad, Antonio Camacho. Su abogado, Agustín Tornos, anunció que recurrirá la decisión.

El auto de Teresa Palacios recoge cómo Pilar Giménez-Reyna formó junto con Camacho la sociedad Bolsa Consulting, que fue sancionada por la CNMV con 28 millones de multa por la existencia de un desfase patrimonial cuantificado entre 1.500 y 3.000 millones.

'Por interés personal'

Después, también con Camacho, entró en Gescartera y nuevamente la CNMV abrió un expediente del que estuvo puntualmente informada, como recoge en sus agendas. El 8 de abril de 1999 ya conocía la existencia de un desfase patrimonial de 7.000 millones, frente a unos depósitos de sólo 2.000, lo que, según el auto, 'lejos de llevarle a poner en marcha los resortes legales derivados de su condición de consejera y después de vicepresidenta optó, por interés personal, por ocultar al organo rector la situación, pretendiendo tapar una situación de descapitalización'.

Ella se sirvió de sus relaciones personales y familiares, pero no impulsó ninguna solución, ni realizó labor de comprobación de la situación económica de la entidad. El expediente se cerró con multas a la sociedad y sanciones a sus directivos.

La imputada, siempre según el auto de prisión, continuó captando clientes, aunque sabía la grave situación de falta de liquidez de la empresa y cuando 'era fácil deducir que las inversiones de los nuevos clientes no iban a ser destinadas al objeto contratado por inversión, sino a tapar lo que ya era un agujero cuanto menos'.

Mientras tanto, continuaba ascendiendo en Gescartera. 'Esta situación le pareció cómoda y fue la que aceptó la consejera, después vicepresidenta y actual presidenta que, pretendiendo ampararse en su nula capacidad de maniobra en la gestión de Gescartera, no hizo uso de facultades y deberes inherentes a los sucesivos cargos que venía cubriendo y que, de haberlo hecho, hubiera delatado la situación de descapitalización'.

'La imputada', dice el auto, 'más allá de la mera captación de clientes, conocía desde 1996 la estructura interna de Gescartera, así como la totalidad de los comerciales internos y externos y la forma de operar en el extranjero sabiendo las entidades bancarias y los países a que acudir, incluso dio órdenes de aplicación de minusvalías (pérdidas) de operaciones en bolsa, asignándoselas a determinados clientes, alguno de los cuales se lo pedía expresamente a efectos fiscales'.

La juez destaca también que durante el tiempo que Pilar Giménez-Reyna ejerció cargos en Gescartera no consta convocatoria alguna relativa a la gestión y situación de la entidad, y a pesar de conocer el desfase patrimonial, firmó los balances de situación y de pérdidas y balances de los años 98 y 99, 'cuando era plenamente consciente de que lo que firmaba o daba el visto bueno no se correspondía con la realidad patrimonial de Gescartera'.

También se refleja en el auto que la imputada firmó varias actas de consejo de administración que nunca se correspondieron con reuniones en el seno del mismo, puesto que ella misma declaró que no se reunían, limitándose a firmar lo que le ponían por delante.

Las alegaciones de que su puesto era un cargo figurativo, según la juez, han quedado completamente desvirtuadas en su declaración judicial, 'por cuanto al serle exhibidas las agendas personales de los años 1999 y 2000, en las que figuran numerosísimas anotaciones de su puño y letra, reconocidas por la declarante, revelan que captaba nuevos clientes aunque sabía la grave situación' de desfase patrimomial y que se limitó a tratar de ocultar esa realidad.