El Gobierno español evita hablar de 'guerra' y no cree necesario pedir la autorización del Parlamento

El Gobierno español evita cuidadosamente el término 'guerra' para referirse a la brutal agresión terrorista que sufrió el martes EE UU y a la represalia militar en preparación. Preguntado si compartía las palabras del presidente Bush, quien definió como 'acto de guerra' los ataques contra Nueva York y Washington, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, se escabulló ayer diplomáticamente afirmando que 'no hay calificativos' para describir lo sucedido. No obstante, reconoció: 'No me da la impresión de que serán operaciones policiales lo que vamos a ver en un futuro próximo'.

La cuestión no es sólo semántica. Además de no alarmar a la población, el Gobierno quiere evitar las implicaciones jurídicas del término 'guerra'. El artículo 63.3 de la Constitución es muy claro: 'Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz'.

Sin embargo, el Gobierno 'no entiende que sea necesario', afirmó Cabanillas, pedir la autorización del Parlamento para apoyar a EE UU en las operaciones bélicas de represalia, aunque se compromete a mantener informado al Congreso.

Ni en la guerra del Golfo (1990-1991) ni en los bombardeos de Bosnia (1995) y Kosovo (1999) se activó la previsión constitucional, aunque entonces se trataba de hacer cumplir resoluciones de la ONU y ahora se ha invocado el artículo 5 del Tratado de Washington. Ese artículo, piedra angular de la cohesión de la OTAN, compromete a los otros socios a ayudar al que sufra un ataque armado, considerándolo como una agresión contra todos y ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Ése es, precisamente, el principio básico para justificar una guerra.

El PSOE, según su portavoz en la Comisión de Defensa, Jordi Marsal, no hace cuestión de la aprobación parlamentaria. 'Lo importante no es tanto el aspecto formal, sino que el Gobierno mantenga un mecanismo de información permanente al Parlamento y recabe el máximo consenso posible', argumenta.

Con ocasión de la guerra de Kosovo, el presidente José María Aznar se comprometió a proponer al Congreso de los Diputados un mecanismo de consultas para caso de conflicto. A día de hoy, su propuesta sigue inédita.