El Congreso estudia reducir las tarifas que cobran las tarjetas a los comerciantes

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una moción del grupo de Convergència i Unió (CiU) en la que insta al Gobierno a presentar el próximo año un estudio 'detallado' de la situación real y de la evolución de las comisiones en el pago con tarjetas de crédito, de cara a una posible reducción.

La Cámara Baja pide al Ejecutivo que preste 'especial atención' a la posición que adopte la Comisión Europea en cuanto a la compatibilidad entre las tasas multilaterales de intercambio y las normas sobre competencia del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con el fin de que en España se pueden aplicar con carácter inmediato los criterios correspondientes.

En otro de los puntos de la moción, el Congreso insta al Gobierno a que, una vez aprobados por el Tribunal de Defensa de la Competencia, se analice el cumplimiento de los acuerdos que determinen los procesos de fijación de las tasas de intercambio de forma que permita conocer la evolución de los criterios utilizados para la fijación de las mismas.

Además, se solicita al Gobierno que, en aras de una mayor transparencia en el mercado de las tarjetas de crédito, ponga los medios para un mayor conocimiento de la evolución de las variables del mismo. A este fin, añade la moción, el Banco de España debe realizar un seguimiento permanente sobre la evolución de estos medios de pago.

El texto aprobado ha surgido de una enmienda transaccional presentada por CiU que ha recogido enmiendas del texto inicial (que era de los propios nacionalistas catalanes), así como de enmiendas presentadas por PP y PSOE. CiU, uno de los grupos parlamentarios que más votantes tiene en el sector del comercio, ha impulsado esta iniciativa parlamentaria que tiene como objetivo ayudar al sector del comercio, que siempre ha sido muy beligerante con las comisiones de las tarjetas como medio de pago.

Los medios de pago Visa y 4B alcanzaron un acuerdo en mayo de 1999 con las asociaciones de comerciantes que establecía que a partir de julio de ese año se reducirían paulatinamente las tasas de intercambio, hasta llegar al 2,75% en julio del 2002.

La intención del acuerdo, según sus firmantes, era que la banca trasladase esta misma rebaja a la tasa de descuento -la que cobran a los comerciantes los bancos-, dado que el abaratamiento de esta comisión no se puede regular por ley, por ir en contra de los principios de libre mercado.