Educación subraya a los editores que los contenidos de literatura de los libros deberán ser homologados

El director general de Innovación Educativa y Política Lingüística, Josep Vicent Felip, y los representantes de las principales editoriales valencianas de libros de texto se reunieron ayer para tratar el documento provisional del decreto de contenidos de la asignatura de Valencià: Llengua i Literatura para la ESO y Bachillerato, que entrará en vigor en el curso 2002-2003, tras la polémica suscitada por la exclusión de los autores no nacidos en la Comunidad Valenciana.

Felip incidió en el hecho de que se trata de un decreto de mínimos y aseguró que aquellas editoriales que incluyan dichos mínimos en sus libros pasarán la preceptiva prueba de homologación que realiza la Consejería de Educación, según informó la presidenta de la asociación de editores valencianos, Verònica Cantó. El director general recordó que es labor de la Administración marcar esos mínimos y a partir de ahí, los autores, las editoriales y los enseñantes añaden los contenidos máximos. Felip subrayó que el nombre de la asignatura es Valencià: Llengua i Literatura.

El problema reside en la homologación, que se convierte en un instrumento que marca las directrices de los contenidos de los textos, condicionando la elaboración de los mismos. Los editores, al igual que la Mesa per a l'Ensenyament en Valencià y los partidos en la oposición, han pedido la derogación del decreto de homologación. Este decreto fue promulgado por el gobierno socialista de la Generalitat para ajustar los contenidos de los libros a la entonces reciente ley de la LOGSE. Con el paso del tiempo y logrado su primer objetivo, se ha convertido en una especie de censura, a juicio de la Mesa per a l'Ensenyament y el propio PSOE. En este sentido, se inscriben las denuncias de censura de términos como el de catalán en los textos.

Además, Felip se mostró ayer dispuesto a estudiar la introducción en el decreto de algunos periodos ausentes, como el modernisme. Felip también aceptó la posibilidad de que las editoriales puedan pedir ayudas a la Consejería para adaptar los libros a la reforma, según un portavoz de Educación. Las ayudas a la edición de libros en lengua autóctona -que otros comunidades ya tienen- es una antigua reivindicación de los editores. Cantó recordó ayer el grave perjuicio económico que supone para los editores la aplicación del nuevo decreto, cuando aún no se han amortizado los nuevos textos.