La justicia británica declara ilegal mantener detenidos a los solicitantes de asilo

El Gobierno británico sufrió ayer una colosal derrota ante la justicia inglesa que pone en cuestión su política de extranjería y el plan de choque para frenar la inmigración. Un juez del Alto Tribunal de Londres se pronunció ayer a favor de cuatro kurdos iraquíes que fueron detenidos en un centro de inmigración mientras comenzaba la revisión de sus solicitudes de asilo político. El juez decretó la 'ilegalidad' de la medida, pero se reservó la declaración final a la espera del resultado de la apelación que el Gobierno está decidido a interponer.

Impugnando el veredicto, el Ejecutivo de Tony Blair intenta salvaguardar su política de inmigración. La declaración de 'detención ilegal' echa por los suelos la política de inmigración del Gobierno británico y podría costarle al Tesoro billones de pesetas en concepto de indemnización. De perder la apelación, que se tramitará en unas semanas, hasta 20.000 inmigrantes podrían ampararse en la decisión judicial para demandar al Ejecutivo de Tony Blair y forzar la abolición de una estrategia que persigue reducir el número de personas que cada año solicitan asilo en el Reino Unido.

El fallo del juez Collins en el Alto Tribunal de Londres se limita, de momento, a los demandantes, cuatro kurdos iraquíes que fueron conducidos al centro de recepción de Oakington (en el condado de Cambridge) al entrar en el país. Inaugurado en marzo del año pasado, con un coste superior a los mil millones de pesetas, Oakington es el destino de los inmigrantes que levantan ciertas sospechas en su primer contacto con las autoridades fronterizas. O, en términos oficiales, de aquellos que se clasifican como idóneos para someterse al llamado 'trámite veloz' de solicitudes, función para la que se fundó el centro.

Su estancia es corta, unos siete días, pero su libertad queda restringida. El acceso se vigila constantemente, una red metálica protege el recinto y las rejas de los dormitorios quedan visibles desde el exterior. Los solicitantes de asilo sólo abandonan el recinto una vez que se inician los trámites burocráticos. Tres de los demandantes disfrutan ya de asilo político permanente, mientras que el cuarto está todavía en régimen provisional.

Su situación no es muy diferente a la de miles de inmigrantes que huyeron de sus respectivos países por motivos políticos o económicos, y que podrían beneficiarse del éxito de su caso. Porque, en su decisión, el juez establece que la detención sin causa justificada excede a las premisas legislativas. Amparados en la Convención Europea de Derechos Humanos, incorporada a la legislatura británica hace cerca de un año, los cuatro kurdos denunciaron que el Gobierno restringió su libertad sin causa justificada. Y, en una defensa aceptada ayer por el juez, alegaron que no había motivos ni riesgo de escaparse por residir fuera del centro de recepción. El juez falló a su favor al interpretar que la única causa de su detención fue básicamente administrativa. 'La detención de los cuatro demandantes fue ilegal' y destinada a 'permitir una decisión rápida de sus solicitudes', dice el fallo. 'Siempre hemos defendido que es inaceptable encerrar a hombres, mujeres y niños inocentes', señaló Nick Hardwick, director ejecutivo del Consejo de Refugiados. Hardwick celebró la decisión oficial, pero denunció la situación de miles de refugiados detenidos en centros de inmigrantes e incluso en cárceles británicas.

De acuerdo con estadísticas oficiales, hasta el pasado 31 de mayo, un total de 1.787 personas, incluidos 84 ciudadanos de Zimbabue, estaban detenidas bajo la legislación de inmigración. El 65% de ellos estaba en prisión; el 22%, en centros de detención, y los restantes, en Oakington. Dos nuevos centros de detención, con plazas para 1.500 inmigrantes, se inaugurarán a finales de año y un tercero podría estar listo en unos 24 meses. Su función queda a la espera de la apelación del Gobierno a la decisión judicial de ayer.