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Editorial:

Los proscritos del 'Tampa'

El Gobierno de Australia tiene sus razones para negarse a acoger a los náufragos rescatados por el Tampa, pero, si los tripulantes de ese barco mercante hubieran aplicado el mismo criterio que Canberra, esas personas, la mayoría de las cuales son fugitivos de Afganistán, habrían perecido en el mar. No habría habido conflicto, pero tampoco supervivientes. Las razones de Australia deben ser escuchadas, pero, en situaciones de emergencia como la planteada, lo primero es resolver el problema humano como planteó el ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados.

Australia es un país con una extensión 14 veces la de España y con 18 millones de habitantes. Necesita y recibe muchos inmigrantes, unos 100.000 al año, incluyendo unos 10.000 refugiados, muchos de ellos procedentes de Afganistán. Pero el Gobierno de John Howard está empeñado en controlar ese flujo, y para ello, en impedir el acceso de inmigrantes ilegales, incluidos los que se presentan como refugiados políticos. El primer ministro ha dicho claramente que con su deliberada rigidez en este caso quiere enviar un mensaje disuasorio a los miles de personas de diferentes nacionalidades que esperan su oportunidad, muchas de ellas en Indonesia, de donde procedía el buque que naufragó, para entrar clandestinamente en Australia. En resumen, se trata de no sentar un precedente, ni aunque sea por motivos humanitarios.

Las razones de Australia, llevadas hasta el final y caiga quien caiga, se convierten en coartada para una injusticia. Seguramente los propios gobernantes de ese país lo saben, y por eso han intentado comprarse una buena conciencia mediante el compromiso de correr con los gastos de la barroca operación que han ideado como alternativa a la propuesta del ACNUR. Esta organización propuso que los náufragos fueran desembarcados en la isla australiana de Navidad, frente a cuyas costas estaba anclado el Tampa, y sólo una vez en tierra determinar si podía reconocérseles la condición de refugiados. Pero Canberra ha convertido en cuestión de principio -o más bien en principio supersticioso- evitar que lleguen a tocar tierra en su país, y ha preparado un operativo de película.

Consiguió que Nueva Zelanda y una pequeña isla llamada Nauru, de 12.000 habitantes, aceptaran acoger a los del barco. Pero ambas islas se encuentran a unos 7.000 kilómetros de la que tienen a la vista los proscritos. Muy razonablemente, el capitán del navío comunicó que un carguero no está preparado para realizar esa travesía con más de 400 pasajeros. La solución de Canberra ha sido enviar un buque de guerra que los traslade a Papúa-Nueva Guinea, de donde, por vía aérea y previa clasificación, distribuirlos entre las dos islas receptoras. La situación podría complicarse, porque un juez prohibió el sábado que el navío abandonase aguas australianas hasta que resuelva sobre la demanda presentada por una organización de derechos cívicos contra la decisión del Gobierno de impedir el desembarco de los proscritos. Con independencia del resultado, puede ya afirmarse que es esa asociación, y no el Gobierno, la que encarna en este asunto la razón y el derecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de septiembre de 2001