Un tribunal reconoce como catedráticos a 728 profesores eliminados por el catalán

En 1991, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat convocó 1.200 plazas de catedrático de instituto a las que podían optar únicamente los profesores de secundaria. En aquella convocatoria, en la que la Administración estableció cuotas para cada especialidad -103 plazas para ciencias naturales o 131 para matemáticas, por ejemplo- quedaron descartados un total 728 profesores. Después de la criba, cinco entidades presentaron recursos impugnando las oposiciones. Algunos solicitaron la nulidad de las pruebas y otros la modificación de los baremos.

Uno de estos recursos, el presentado por el Colegio Oficial de Biólogos (COB), reclamaba la modificación de los baremos, entre los cuales destacaba el referido al nivel de catalán que exigía el Departamento de Enseñanza a los profesores de secundaria, ya que, según el recurso ahora estimado, 'ser doctor en la propia especialidad puntuaba menos que ser licenciado en filología catalana'. El colegio profesional alegaba también que los cursos de formación impartidos a sus asociados 'se encontraban infrapuntuados en las oposiciones para las plazas de institituto respecto a las oposiciones y concursos de mérito que realizan los profesores universitarios'.

En el pliego de anomalías que acompañaba el recurso, el COB indicaba asimismo que las memorias exigidas por la Generalitat a los profesores para acceder a las plazas de catedrático 'debían limitarse a los aspectos relacionados con la reforma educativa, lo que representaba una arbitrariedad respecto a la formación general de secundaria'.

La impugnación presentada por los biólogos provocó dos años después, en 1993, una setencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC por la que se obligaba a la Generalitat a modificar los baremos de las oposiciones. Sin embargo, el Departamento de Enseñanza esperó todavía siete años para convocar nuevas oposiciones a catedrático de instituto, y en este caso fue por el procedimiento de concurso de méritos. Las convocó en mayo del 2000 y en ellas obtuvieron la cátedra, de acuerdo con los nuevos baremos, los 728 profesotres que habían sido suspendidos en el primer intento de 1991.

Ahora, en la nueva sentencia de finales de junio, el TSJC obliga a la Generalitat a reconocer la categoría de catedráticos a los 728 catedráticos con efecto retroactivo, lo que implica 'que se les otorga la catedra desde la sentencia de 1993, que modificó los baremos', según un portavoz del Colegio de Biólogos. La misma fuente asegura que la Generalitat adeuda más de 2.000 millones a los profesores, 'es decir, el resultado de multiplicar las 25.000 pesetas mensuales que hay de diferencia entre el sueldo de un profesor y el de un catedrático, por el número de beneficiarios y los seis años transcurridos'.

La sentencia del TSJC hace referencia a la 'posible dificultad que supone para la Administración abonar las cantidades, dada la elevada cuantía', pero señala que los reglamentos preceptivos del caso 'impiden suspender el cumplimiento ni declarar la inejecución total o parcial del fallo'.

La sentencia no deja ningún resquicio para interpretaciones que pudieran modificar el sentido del fallo que habilita a los profesores, de quienes afirma que 'perdieron la condición de catedrático no por falta de condiciones sino por haber redactado la Administración educativa unas bases contrarias a la ley y al Derecho'.

Por otra parte, otro de los recursos presentados contra las oposiciones de 1991, el de la Asocación Nacional de Profesores de Enseñanza, ha desembocado en la suspensión cautelar del resultado de aquellas oposiciones, que no significa su anulación, a la espera de la sentencia definitiva en la que el tribunal se pronunciará sobre los aspectos concretos impugnados.