Bruselas apoya que los enfermos en listas de espera sean tratados en otros países
El Tribunal de Luxemburgo reconoce el derecho de recibir atención 'en tiempo oportuno'
'La salud pública es un servicio como cualquier otro, y cuando hay retrasos muy largos, el paciente debe tener la posibilidad de recibir ese servicio en otros Estados', declaró ayer un portavoz de la comisaria europea de Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou.
De acuerdo con el Tribunal de Luxemburgo, la Seguridad Social (o el equivalente seguro obligatorio) de un país de la UE tendrá que autorizar -y pagar- que un paciente reciba tratamiento fuera si se cumplen dos condiciones: que la técnica esté 'suficientemente probada y validada' y que no pueda ofrecerse 'en tiempo oportuno en un establecimiento que haya celebrado un concierto' con el seguro del que dependa el enfermo. Éstas son las dos conclusiones del asunto C-157/99 del Tribunal de Justicia de Luxemburgo publicadas el 12 de julio.
El causante de esta sentencia es H. T. M. Peerbooms, un holandés de 40 años que entró en coma tras sufrir un accidente de tráfico el 10 de diciembre de 1996. Los familiares de Peerbooms le trasladaron el 22 de febrero de 1997 a la clínica universitaria de Innsbruck (Austria). Ahí, le sometieron a una neuroestimulación especial. Como consecuencia de este tratamiento, salió del coma y pudo volver el 20 de junio de 1997 a Holanda, donde continuó su rehabilitación.
La técnica que se empleó con Peerbooms sólo se realizaba en aquellas fechas en Holanda con carácter experimental en dos centros sanitarios, y sólo se admitían en los ensayos pacientes menores de 25 años. La sentencia considera probado que, 'de haber permanecido en los Países Bajos', el enfermo 'no hubiera podido beneficiarse de dicha terapia'.
En teoría, para poder tratarse en Austria el holandés hubiera necesitado una autorización previa de su seguro, pero el tribunal reconoce que este sistema de permisos 'constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios médicos hospitalarios'. 'No se pueden excluir estas actividades del principio fundamental de la libre circulación' de personas y servicios en la UE, razona la sentencia.
El tribunal también recuerda que el tratado de la Unión 'se opone a la aplicación de toda normativa nacional que dificulte más la prestación de servicios entre Estados miembros que la puramente interna'. En este caso, la sentencia hacía mención a que para recibir un tratamiento en el propio país no hace falta una autorización previa del asegurador.
Pese a ello, el tribunal reconoce que 'razones imperiosas relativas al equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social y al mantenimiento de un servicio hospitalario accesible para todos' justifican que se restrinjan las autorizaciones con los dos requisitos (eficacia y tiempo de espera) expuestos anteriormente.
Muchos países tendrán que cambiar sus leyes para permitir que sus ciudadanos vayan al extranjero a recibir tratamiento. Es el caso de Reino Unido, donde el secretario de Estado de Sanidad, Alan Milburn, ya ha anunciado que emprenderán las modificaciones necesarias para aliviar una lista de espera que llega al millón de personas. La Comisión Europea ha adelantado que no se opondrán a estas inciativas. 'Las acogemos favorablemente y las consideramos positivas', afirmó la portavoz de Diamantopoulou.
En España la lista de espera quirúrgica llegaba el 31 de enero pasado -última actualización facilitada por el Ministerio de Sanidad- hasta las 163.200 personas, un 7% más que en mayo de 2000. Fuentes de Sanidad afirmaron ayer que no había 'comentarios oficiales'. Tan sólo la directora general de Salud Pública, Dolores Flores, declaró ayer en El Escorial que le parecía 'una medida complicada y económicamente costosa'.
Por su parte, Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, rechazó ayer el posible envío de pacientes españoles al exterior. Sánchez Bayle coincidió con la portavoz socialista de Sanidad, Matilde Fernández, en que la primera solución para las listas de espera era incrementar las dotaciones del Sistema Nacional de Salud. 'Sólo cuando se hayan puesto todos los medios necesarios y no existan las técnicas necesarias para alguna intervención' se podrán mandar pacientes fuera. Y ello, 'cueste lo que cueste', porque 'la salud es lo más preciado', afirmó Fernández.
