Escoltas privados protegen ya a 148 cargos públicos navarros amenazados

El Ministerio del Interior ha completado ya la primera fase del operativo de protección de concejales y otros cargos públicos navarros amenazados por ETA, un dispositivo que alcanzará a un total de 600 personas y costará al Estado unos 4.000 millones de pesetas anuales.

Desde mediados de este mes de agosto, un total de 148 escoltas pertenecientes a empresas privadas de seguridad protegen ya a otros tantos cargos públicos: todos los parlamentarios forales de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) así como los concejales de los municipios considerados de mayor riesgo, es decir, los ubicados en Pamplona y su comarca, las localidades del norte de Navarra gobernadas por EH o con fuerte implantación de la izquierda radical, poblaciones de los valles de Baztán y Sakana y las ciudades de Tafalla, Estella y Tudela.

Cada edil regionalista o socialista de esas zonas dispone de un sólo escolta que protege sus movimientos, una protección que se extenderá a un total de 544 concejales (319 regionalistas y los otros 225 socialistas) al término de la segunda fase del despliegue de protección privada.

Contravigilancia

Hasta ese momento, y según los términos del plan elaborado por el Ministerio del Interior de común acuerdo con las direcciones de ambos partidos navarros, el resto de los concejales amenazados verán incrementados los dispositivos de contravigilancia a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Responsables de UPN y PSN se reunirán en breve para coordinar el desarrollo de la implantación del plan, que en esta primera fase ha costado ya 1.000 millones de pesetas. Aunque las mayores reticencias se han producido en concejales de ambos partidos residentes, paradójicamente, en municipios con fuerte presencia de EH, la mayoría de ellos ha acabado aceptando la escolta privada.

UPN ha elaborado un documento que deberán firmar los ediles del partido que finalmente rechacen la escolta privada del plan, aunque confían en que la inmensa mayoría de ellos termine aceptando la protección que comenzó a definirse el pasado 18 de julio, cuatro días después de que ETA asesinase en Leitza al concejal regionalista de esa localidad José Javier Múgica con una bomba lapa colocada en los bajos de su vehículo.

La protección se extenderá, igualmente, a otros cargos institucionales de ambas siglas, así como a sus cúpulas ejecutivas.